Las organizaciones de la sociedad civil y la descentralización en Chile

113 Es de esta manera, que el MINVU activa un programa denominado «Programa de subsidio Especial para Trabajadores (PET)». Con un beneficio algo menor al subsidio a la vivienda básica, cuyo propósito buscaba atraer a población de entidades laborales, con un requisito de ahorro mayor al básico y con un crédito complementario suministrado en principio por el Banco del Estado, lo cual incentivaría a las familias al ahorro para acceder posteriormente a una mejor vivienda mediante su venta o ampliación 331 . En esta etapa de tan compleja transición hacia la democracia y res- puesta ante las variadas necesidades de la sociedad chilena, se materia- lizaron una gran cantidad de viviendas, en conjunto con el actuar del sector empresarial privado de construcción de viviendas sociales y se otorgaron un gran número de subsidios a las familias especialmente de sectores medios y emergentes (Ver Tabla 9). Naturalmente hubo «espacios de conflictividad», en campamentos y tomas emblemáticas. La instalación de un proceso descentralizador mayor con la elección municipal 332 que democratizó el poder político municipal, fueron crecientemente contemplando estos nuevos actores institucionales. Por su parte, la SUBDERE estableció el Programa de Mejoramien- to Urbano (PMU), de ejecución principalmente municipal, el que en conjunto con el PMB y otros recursos de los nacientes Gobiernos Re- gionales, completan un cuadro institucional más potente. Desde 1994, el MINVU diversifica sus programas habitacionales, incrementando la cantidad y calidad de metros cuadrados. Se accede a programas de 331 Dirección de Presupuestos (1997). Informe Final de Evaluación. Programa de Subsidio Especial para Trabajadores (PET). Ministerio de Vivienda y Urbanismo. DIPRES. 332 En cuanto a los esfuerzos descentralizadores de 1990 en adelante, las reformas de la Concertación, se establece que los alcaldes deberían ser electos por votación popular y no por designación directa del Ejecutivo, avanzando hacia una mayor autonomía ejecutiva del territorio, siendo la primera elección popular de 1992 (Ramírez Vargas, C. 2020), sirviendo adicionalmente como estrategia electoral. Sin embargo, los Consejeros regionales cuentan con poco poder en dicha reforma, siendo de muy bajo perfil sobre atribuciones para fondos provenientes del gobierno central a proyectos específicos dentro de las áreas prioritarias determinadas centralmente, como también el rechazado de trabajadores del área de salud y educación municipal, cuando se intentaba consolidar responsabilidades municipales en salud y educación transferidas en dictadura, conllevando a negociaciones para no incluirlos en el código laboral del sector privado, como mejoras laborales que permitieran acortar brechas entre funcionarios del nivel central y subnacional (Mardones Z., R. 2006). de los recursos de la reforma tributaria aprobada al efecto. Se dio así continuidad al PMB y al programa de Lotes con Servicios, sumándose nuevos programas como Programa Chile Barrios, Programa de Vivien- da Progresiva (PVP), entre otros. A su vez, se crea la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), buscando trabajar de forma vinculante con las organizaciones de la sociedad civil por avanzar en soluciones y mejoras en los ámbitos de las demandas sociales, a través del trabajo articulado mediante la División de Organizaciones Sociales (DOS) 327 . Estos ajustes implicaron un tipo de diálogo entre las organizaciones pro-vivienda y el MINVU a nivel central, como en cada una de las regiones del país con los SERVIU. Esta apertura a la reacción guber- namental social marca una etapa de transición democrática donde «la cuestión de la vivienda» juega un rol central. Se articuló de esta forma, un tipo de política pública ajustada que contempló de un modo estraté- gico y esencial a los comités pro-vivienda. Este tipo de comités, cuentan con la misión actual de gestionar la ad- judicación de terrenos, la elaboración de proyectos de arquitectura y especialidades, la contratación de obras y la aprobación del contrato de compra-venta 328 , teniendo un rol más impulsor por el acceso de la propiedad privada y/o postulación particular 329 . Desde la década de los años 40 en adelante, los comités de vivienda tuvieron un rol más prota- gónico a la acción colectiva donde se movilizaban a cientos de familias en diferentes sectores, tales como: en el Zanjón de la Aguada, Mapo- cho Norte, El Pino, Areneros del Mapocho, Población Sudamérica, La Marquesita, Zañartu, Bolívar, entre otros 330 . 327 de Valdés Herrera, L. M. D. (2016). Op. Cit. 28. 328 Espinoza Gutiérrez, U. d. l. A. (2019). La autogestión habitacional en el Chile Neoliberal: Análisis de las prácticas del Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha [Tesis presentada para obtener el grado académico de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Pontificia Universidad Católica de Chile]. Estudios Urbanos UC. 329 Imilan, W. A. (2016). Políticas y Luchas por la Vivienda en Chile: El camino Neoliberal. Working Paper Series Contested_Cities , (WPCC-16004), 1-20. ISSN 2341- 2755 330 Rojas-Flores, J. (2018). La lucha por la vivienda en tiempos de González Videla: Las experiencias de las poblaciones Los Nogales, Lo Zañartu y Luis Emilio Recabarren en Santiago de Chile, 1946-1947. Revista Izquierdas , (39), pp. 1-33.