Las organizaciones de la sociedad civil y la descentralización en Chile

112 Las organizaciones sociales en la lucha por la Vivienda evaluar el impacto de los programas de vivienda social (vivienda progre- siva) y de saneamiento (mejoramiento de barrios) desde la perspectiva del desarrollo local, siendo un costo de USD 13.800 325 . Las «soluciones básicas» que implicaba dicho programa (PMB) eran fundamentalmente la conexión a agua potable y a sistemas de saneamiento y el inicio de una solución de vivienda de emergencia. Con todo, la activación de este pro- grama también juega, en esa administración, un rol esencial y permitió la incorporación de la acción pública en la regularización de muchas tomas de terreno, algunas que superan ya la década de antigüedad. En el Gobierno de Aylwin (1990-1994) se desarrolla el Plan Nacional de Vivienda. Dentro de las medidas del plan, con la conducción y liderazgo carismático de Alberto Echegaray, se decide enfrentar una reorganiza- ción profunda del MINVU, sometiendo a una revisión sistemática aque- llos programas de acceso habitacional y a una renovación de forma y fondo. Dentro de los principales cambios encontramos la incorporación de las mujeres jefas del hogar y personas de tercera edad en el sistema de postulación a subsidios habitacionales y la incorporación del tipo de postulación colectiva a los subsidios, donde una agrupación de familias podía postular bajo la estructura de un comité 326 . De esta forma se amplió la cobertura de subsidios, se dio relevancia en el proceso de postulación a las características socioeconómicas del grupo familiar, articulando un trabajo mancomunado entre las OSC, el MINVU y los municipios. Durante esta administración de gobierno, se incrementaron los presu- puestos de vivienda y de programas urbanos de un modo muy signifi - cativo, especialmente desde el presupuesto de 1991 con la aprobación 325 Banco Interamericano de Desarrollo. (1994). Proyectos Vivienda Progresi - va-Mejoramiento Barrios. 326 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (1991). Op. Cit. El movimiento poblacional y en las organizaciones de gran trayectoria en los periodos de lucha hasta 1973 y durante el régimen cívico-militar, fueron importantes para la transición a la democracia en Chile, pero sin estar exentas de dificultades propias de la nueva forma de gobier - no 322 . Así surge un movimiento con fortaleza organizativa indudable, que desempeña roles activos en el propio tránsito político y emerge con fuerza en el Gran Santiago y buena parte de las ciudades del país. Este actor asume diferentes formas de organización, entre las que destacan las tomas de terreno, diferentes comités de familias sin casa, ollas comu- nes, además de las juntas de vecinos que pugnaban por conseguir una interlocución y ojalá una solución habitacional definitiva proveniente de instancias del Estado. Las estimaciones al año 1990 hablaban de un déficit en un millón de viviendas 323 , carencia que se había ido incrementando decididamente posterior a la crisis del 1982. También se tenía registro de un número muy importante de campamentos y/o tomas de terreno y durante el pri- mer año gran parte del esfuerzo gubernamental estuvo en el catastro. Ya, desde 1990 todo lo referido a obras de vialidad urbana contaba con dos fuentes de financiamiento siendo: el crédito BIRF y el crédito BID, enfocado a 6 regiones con un monto de (M$) 2.538.884 324 . Esta última entidad, contemplaba un crédito especial para un programa de «Lotes con Servicios», denominado Programa de Mejoramiento de Barrios (el PMB) que se gestionaba desde la SUBDERE. Adicionalmente, se realizó un proyecto de cooperación técnica de colaboración con la Corporación de Promoción Universitaria en la preparación de un instrumento para 322 de Valdés Herrera, L. M. D. (2016). Op. Cit. 27. 323 Szalachman R, R. (2000). II. Estimaciones de déficit de vivienda. En Un perfil del déficit de vivienda en Chile , 1994 (pp. 19-26). CEPAL-ECLAC. ISBN: 92-1-321574-6 324 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (1991). Minuta Metas Ministeriales 1991 - Proyectos de Ley. Fundación Aylwin. pp. 12. El nuevo carácter de las política públicas de vivienda post 1990