Agresiones sexuales: reflexiones acerca de las intervenciones psicológicas [Volumen VII]

224 Agresiones Sexuales. Volumen VII . Elías Escaff Silva, María Isabel Salinas Chaud, Paula Flores Zúñiga y Carolina de la Fons Díaz ¿Qué Factores Influyen en el Éxito de la Implementación de los Protocolos de Acción en Establecimientos Educacionales Municipalizados Ante una Develación de Agresión Sexual? Las agresiones sexuales contra la población infanto–adoles- cente constituyen un grave problema social. Si bien existen diver- sas definiciones, la mayoría de ellas coincide en que se tratan de formas de exposición del menor a estímulos sexuales o la utiliza- ción del mismo como estímulo sexual, mediando violencia o inti- midación (Jiménez y Martín, 2006). Se estima que a nivel mundial, uno de cada diez niños/as y adolescentes ha sido víctimas de delitos sexuales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2012, como se citó en Capella y Gutiérrez, 2014), estando las mujeres las más expuestas (López, Orellana, Matamala, Grandón y Medina, 2016). Las estadísticas nacionales, que concuerdan con lo observa- do internacionalmente, indican que la mayoría de las víctimas es mujer (Maffioletti y Huerta, 2011). Los últimos estudios muestran que entre un 7% y 9% de los niños reporta haber sido víctima de agresiones sexuales (Larraín y Bascuñán, 2012, como se citó en Gutiérrez, Steinberg y Capella, 2016). El Estado de Chile en el marco legislativo, ha generado regu- laciones jurídicas para proteger la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA), modificando y rectificando las agre- siones sexuales en sus distintas formas a través del Código Penal y Código Procesal Penal (Ley No. 19.617), generando programas de prevención y reparación de las agresiones sexuales a NNA a través de distintos planes y políticas públicas. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, obliga a garantizar un conjunto de condi- ciones básicas para el desarrollo de la infancia. Estos derechos deben hacerse efectivos mediante políticas públicas y mecanismos legales e institucionales que los hagan exigibles (UNICEF, 2005). El Ministerio de Educación (MINEDUC), enmarcado en la Ley General de Educación (No. 20.370) crea en el año 2009 la Política Nacional de Convivencia Escolar y su modificación contenida en la Ley Sobre Violencia Escolar (No. 20.536, 2011). Esta última tiene por objetivo abordar la convivencia en los