Universidad y discapacidad, diálogos críticos desde Latinoamérica
80 UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD tudiantes. En este servicio nos reunimos semanalmente para conversar y determinar cuáles son los cursos que necesitan un tipo de ajuste, los cuales se llevan a cabo tempranamente para evitar inconvenientes en relación a los docentes y es- tudiantes. También realizamos capacitaciones a personal ad- ministrativo y personal docente, donde han participado 716 personas, a pesar de que la virtualidad complicó el poder ha- cerlo un poco más acelerado. Dentro de los ajustes razonables más implementados en- contramos un mayor tiempo para realizar las evaluaciones, entregas y/o actividades, lo que puede variar entre entre 15, 20 o 30 minutos; también tenemos el cambiar exámenes escritos por exámenes orales o viceversa, además de brin- dar espacios aislados sin distractores para personas que puedan tener algún tipo de discapacidad psicosocial y/o déficit de atención. Por otra parte, también brindamos todo el material académico en formato PDF y Word para acced- er al lector de textos, en este caso, siempre que estudiantes con discapacidad visual nos lo soliciten. Por último, este año hemos comenzado a trabajar con los intérpretes de lengua de señas peruanas a través de una asociación que se llama “Ayllú”, trabajo que va dirigido a estudiantes sordos y sordas que lo necesitan en sus clases virtuales. En relación a la ejecución de talleres, hemos realizado en- cuentros con una asociación que se llama “Capaz”, la cual centra la atención en las personas con discapacidad a nivel nacional en el Perú. Este taller brinda conocimientos tanto al personal administrativo y docente, como a los estudiantes, en relación a lenguaje inclusivo, cómo acercarnos a una per- sona con discapacidad y cómo atender sus necesidades, para poco a poco ir construyendo una comunidad con mayor conocimiento y conciencia social. Con el objetivo de apreciar la diversidad, tenemos un regla- mento interno de la Universidad para la atención hacia es- tudiantes con discapacidad, donde todos y todas tengan ac- ceso a conocer el proceso para solicitar un ajuste razonable.
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