Desde los territorios: repensar un proyecto país

188 – desde los territorio s . repensar un proyecto de país posteriormente devolvérselas a las comunidades mapuche, en circunstancia que la problemática estaría en las tierras que son propiedad de empresas forestales. Las razones de esta crítica merecen una contextualización respecto a lo que ha significado la actividad forestal en La Araucanía. En primer lugar, es necesario considerar que la industria forestal es la segunda actividad económica más importante del país, después de la minería y actualmente las regiones conmayor presencia de plantaciones forestales corresponde al Biobío y La Araucanía, con 878.970 y 434.185 hectáreas, respectivamente (INFOR, 2011). En segundo lugar, la gran promesa de la industria forestal para instalarse en determinados territorios ha sido el posibilitar fuentes laborales y en ser sustentable, debido a la renovación de los recursos natura- les que tendría el ciclo forestal. Sin embargo, el tipo de empleo que generaría la industria forestal ha sido impugnado por ser de carácter esporádico, estacional, tener baja capacidad de absorción de mano de obra por unidad de superficie (Unda y Stuardo, 1996) y proveer de empleos precarios (Fréne y Núñez, 2001; OIT, 2012). La promesa medio ambiental tampoco se cumpliría, ya que, si bien el sector forestal puede ser renovable, la introducción y explotación de pino y eucaliptus en la región, poseería particularidades que imposibilitan un comportamiento armónico con el bosque nativo. Expresión de este impacto ambiental corresponden a la sequía, contaminación de aguas, uso de pesticidas, sistemas inapropiados de cosecha, reemplazo de bosques nativos y aumento del riesgo de grandes incendios forestales (Aylwin et al, 2013; Aguayo et al., 2009; Garín et al., 2011). En tercer lugar, parte importante del problema se originaría con el decreto de Ley nº 701 que rige desde 1974, y que permite bonificar las plantaciones y manejo de monocultivos forestales por parte de la industria forestal, inhibiendo prácticas de conservación de tierras pertenecientes a comunidades mapuche. Al contrario del bosque nativo, los monocultivos deterioran la biodiversidad, reducen los flujos de agua y producen contaminación impactando directamente a comunidades. Según información de La Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (citada en el estudio de Aylwin et al. (2013, p.11)) en La Araucanía la disminución en la superficie de bosque nativo ha sido de 46.968 hectáreas, de las cuales un 63% han sido sustituidas por plantaciones forestales de especies exóticas. En cuarto lugar, y no menos relevante, es el papel que han jugado las certificaciones internacionales, en lo que respecta a las modificaciones de pautas productivas y relacionales en el contexto forestal. Un ejemplo ha sido la reciente obtención por parte de las dos empresas más grande del sector (MININCO y ARAUCO) de la certificación otorgada por la FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Admi- nistración Forestal) quien, a la fecha, ha desarrollado el esquema de más reconocimiento para la soste- nibilidad forestal y la trazabilidad de productos forestales. Durante la década de los 90’s la certificación otorgada por este organismo fue adquiriendo un alto nivel de relevancia y reconocimiento internacional, por estar asociadas a empresas y países caracterizados por un alto respeto a estándares medioambientales y condiciones de probada calidad en sus relaciones laborales y sociales. La certificación FSC exige que los operadores y proveedores forestales adhieran a sus 10 principios y criterios de manejo forestal, que incluye el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas (Carrere, 2006). Por un lardo, el otorgamiento de estas certificaciones a las empresas señaladas ha dibujado un escenario de crítica creciente, y, por otro, han generado el posicionamiento de un nuevo actor en la escena de conflicto que mantiene la región con la actividad forestal. A modo de ejemplo, las gestiones que han establecido las comunidades mapuche durante los últimos años al directorio de FSCMundial, se han traducido en el aumento de exigencias de los estándares elaborados para el mercado nacional, y han logrado éxito en establecer mayor presión a las empresas, dada la función de supra-vigilancia que ejerce la normativa sobre sus procesos. Sin embargo, ¿pueden las comunidades, interpelando a quienes identifican como su contraparte, conseguir un espacio reivindicativo y de diálogomayor que apelando a las autoridades locales? Esta es una pregunta que no es baladí, y dibuja un escenario interconectado de importante cuestionamiento sobre el rol de la autoridad local en el contexto de un capitalismo globalizado (Beck, 2004). La relevancia que