Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 SEGUNDA PARTE: Estado del medio ambiente y del patrimonio natural 18 cuando casi no había fiscalización. Cabe señalar que dichas RCA anteriores a la dictación de la Ley 20.417 son a veces de mala calidad, con profusas medidas de cumplimiento que carecerían de efectividad en términos de mitigar impactos ambientales. La gran minería del cobre ha hecho aportes significativos en materia de compensaciones, al desarrollar proyectos de energías alternativas, sobre todo renovables, protección de la biodiversidad, disponibilidad de agua potable e infraestructura. Queda sin embargo un déficit en el ámbito impositivo. La discusión sobre royalties, en particular su aporte a los procesos de descentralización, es pues necesario al margen de las reservas que muestran ciertos sectores empresariales y políticos. Nada de esto es desdeñable al momento de establecer políticas públicas para un sector que no dejará de ser clave en el futuro del país. Por último, cabe señalar los efectos de la minería en materia de empleo (como se señaló antes), directo e indirecto, de factor dinamizante de las economías locales, en particular PYMES de servicios y soluciones habitacionales, lo cual está naturalmente ligado al ciclo de altos precios del cobre que estamos experimentando. Esto ha significado también un pequeño auge coyuntural en PYMES mineras dedicadas a la explotación de pequeños yacimientos. ENAMI en este sentido ha apoyado las inversiones y reforzado sus poderes de compra, un elemento importante por cuanto la industria manufacturera, la actividad de servicios y el comercio han sido duramente afectadas por la pandemia. De allí que ciertos temas sean claves para establecer políticas públicas, sobre todo a nivel municipal, como mínimo: • Estimular la generación de empleo en la PYME en el ámbito de la gestión ambiental; • Apoyar los esfuerzos de un desarrollo más sustentable en materia de uso del agua; • Disposición de residuos; • Protección de los ecosistemas. Un marco constitucional que refuerce las dimensiones sociales, ecológicas y territoriales del sector minero, en todas sus dimensiones, no puede quedar al margen de la discusión para no olvidar el rol fundamental del sector en nuestro proceso de desarrollo. Las discusiones constitucionales lo han puesto de manifiesto. Esto teniendo en cuenta su realidad compleja como proceso