Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural
INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 RESUMEN PARA TOMADORES DE DECISIÓN 59 En el período 2013-2022, la SMA había finalizado 36.926 expedientes de fiscalización realizadas sobre 6.690 unidades fiscalizables. La región con mayor número de expedientes de fiscalización es la región de Los Lagos (17,6%) seguida por la región Metropolitana (13,3%) y por la región del Maule (8,8%). En este período, se finalizaron 25.344 expedientes de fiscalización de normas de emisión, 5.132 RCA y 6.450 otros instrumentos de regulación. 20,2% de los expedientes concluyeron con sanciones . En el marco del diagnóstico realizado al 2018 se realizaron análisis generales y de detalle que incluyeron 16.212 RCA, que identificaron, por ejemplo, que el 83% de los proyectos cuentan con una única RCA y, el 17% restante, con 2 o más RCA, algunas con más de 6 RCA (mayoritariamente del sector Minería) y, en el extremo, con hasta 53 RCA aprobadas. El 18 de junio de 2012 se promulgó la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales , bajo la superintendencia de la Corte Suprema, con el objetivo de resolver controversias medioambientales. Se crearon tres tribunales ambientales, autónomos e independientes unos de otros, con jurisdicciones geográficas definidas y con sede en Antofagasta, Santiago y Valdivia, respectivamente. Desde su fundación y hasta diciembre 2022 han ingresado 1261 causas a los tribunales ambientales . De ellas, 801 (63,37%) corresponden a reclamaciones de ilegalidad de determinados actos administrativos y normas dictadas por organismos del Estado con competencia ambiental; el resto, 269 causas (45%). En segundo lugar, se encuentran las demandas de reparación por daño ambiental, con un 14,40% de las causas, seguido de las solicitudes de autorización de la SMA para la aplicación de sanciones por infracciones que poseen un 10,44%. Los exhortos representan el 7,44% de las causas ingresadas, otros requerimientos un 3,32% y en último lugar las consultas de la SMA con un 1,03%. Se ha señalado que el SEIA ha sido una verdadera traba para la inversión y que esta situación ha conducido a la judicialización de los proyectos extendiendo los tiempos de tramitación asociados a la evaluación ambiental. Los proyectos, luego de ser aprobados o rechazados por medio de una RCA pueden ser sometidos a nuevos trámites en instancias superiores asociadas a reclamaciones administrativas y judiciales. El Informe N° 7 del Observatorio de la Productividad que aborda la judicialización de los proyectos de inversión sometidos al SEIA establece, para un universo de 115 causas con sentencia en primera instancia de un tribunal ambiental, que el tiempo transcurrido entre el ingreso de la reclamación y la sentencia fue de 351 días corridos. Respecto a 2019, el tiempo promedio de tramitación en tribunales ambientales de un EIA y una DIA, se redujo en 23 y 5 días, respectivamente. En el
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