Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 RESUMEN PARA TOMADORES DE DECISIÓN 55 A la vez, se requiere fortalecer la institucionalidad para enfrentar el cambio climático. Un avance en esta arista es la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), la cual define los organismos de la Administración del Estado que deben enfrentar el cambio climático a nivel nacional, regional y local. A nivel nacional, se encuentra el Ministerio del Medio Ambiente, autoridades sectoriales, Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático y los órganos de la Administración del Estado, cada uno de ellos con sus respectivas competencias y atribuciones en la materia. En cuanto al nivel regional, se incluyen las Secretarías Regionales Ministeriales y los Comités Regionales para el Cambio Climático (CORECC). A una escala local, se encuentran las municipalidades, las que colaborarán en la gestión del cambio climático a nivel local, individualmente, o a través de asociaciones municipales. Esta Ley contribuye también al definir una variedad de instrumentos para enfrentar los efectos del cambio climático (Estrategia Climática de Largo Plazo, NDC, Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación, Planes de Acción Regional y Comunal del Cambio Climático, Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas). A su vez, el gasto público ejecutado en iniciativas y programas van en la dirección correcta para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura lidera con un número de 20 iniciativas, siendo un 34,48% en M$ gasto ejecutado del año 2021, seguido del Ministerio de Obras Públicas con 2 iniciativas y programas, siendo un 3,45% en M$ de gasto ejecutado y así, sucesivamente. El factor riesgo en el ordenamiento y la planificación territorial cumple un rol primordial en la prevención y mitigación del riesgo de desastres, en los procesos de reconstrucción post-desastre y en la resiliencia urbana. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2021) da cumplimiento a cinco ejes estratégicos, donde se desglosan ocho objetivos estratégicos y se descomponen en 32 directrices. Se destaca que el PNOT reconoce la existencia de dos grandes condiciones territoriales, transversales que inciden en los patrones de uso y ocupación del territorio: 1) el riesgo de desastres, tanto aquellos de origen natural como los antrópicos; y 2) los desafíos que plantea la adaptación al cambio climático. En cuanto a la Estrategia Regional de Desarrollo [ERD], de los 16 gobiernos regionales del país, hay 11 que incluyen elementos asociados al enfoque del riesgo de desastres (68,75%) en las ERD, mientras que los 5 restantes (31,25%) carecen de estos elementos en su ERD (Antofagasta, Atacama, Maule, Los Ríos y Magallanes). Referido al Plan Regional de Ordenamiento Territorial [PROT], de las 16 regiones, hay 6 instrumentos con resolución de desistimiento o abandono en el proceso de evaluación Ambiental Estratégico (37,5%), 3 con inicio EAE (18,75%), 2 con primer