Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural
INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 SEGUNDA PARTE: Estado del medio ambiente y del patrimonio natural 73 El Cuarto desafío es lograr el control y regulación efectiva de las parcelaciones rurales, y poner término a la subdivisión, especulación y sus impactos ambientales y sociales. A partir del año 2020 se ha producido un aumento explosivo de la subdivisión rural a través de las parcelaciones, asociado en cierta medida al encierro debido a la pandemia de Covid y al deseo de los habitantes de la Santiago y de otras ciudades a trasladarse a una parcela, eventualmente construir una segunda vivienda o simplemente como una inversión. Esta demanda ha sido aprovechada por inmobiliarias y otros agentes generándose una fuerte especulación (Allard et al. 2022). El aumento explosivo de las parcelaciones queda evidenciado en que en 2019 el SAG certificó 9.373 operaciones de subdivisión en 2019, 9.842 en 2020 pasando a 15.837 en 2021, lo cual representa un incremento de casi 170% en solo dos años (Allard et al. 2022). Esta subdivisión de la tierra y cambio de uso encubierto está degradando y fragmentando el bosque nativo, con impactos negativos para las personas y sociedad, tales como el deterioro en la provisión y calidad del agua, accesibilidad a lugares que anteriormente eran públicos (por ejemplo, orillas de lagos y de ríos) y uso de estos ambientes para la recreación. En Julio de 2022 el Ministerio de Agricultura emitió una resolución comunicada mediante la Circular 475 que busca obligar al cumplimiento de la legislación vigente, indicando las condiciones para el rechazo o suspensión de certificaciones como una forma de controlar la explosiva subdivisión asociada a parcelaciones (Ministerio de Agricultura 2022). Esta política del Ministerio de Agricultura ha encontrado la fuerte oposición de las empresas inmobiliarias dedicadas a las parcelaciones y de su reciente organización Chile Rural, quienes han cuestionado y desafiado la legalidad de las medidas del Ministerio de Agricultura por la vía de la judicialización, proceso en curso y de resultado incierto (diciembre 2022).
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