Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 CUARTA PARTE: Propuesta de cambios substantivos al estilo de desarrollo chileno 32 2.3.2. Propuesta constitucional En esta sección se analizan y recogen elementos de la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional para un futuro proceso constituyente. Diversos componentes de la propuesta de constitución relativas a los bosques nativos y los derechos de la naturaleza como marco conceptual han sido propuestos desde hace tiempo y/o han sido incorporados a las Constituciones más modernas de otros países Sudamericanos hace más de 20 años tal como es el caso de Ecuador y Bolivia. En el caso de Chile, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el deber del Estado de defenderlos y la creación de una unidad y mecanismos independientes para su defensa ya había sido propuesta hace 36 años por Godofredo Stutzin (Stutzin, 1984), uno de los más destacados defensores de la naturaleza y promotor de la conservación en Chile de las últimas décadas hasta su muerte en 2010. La propuesta elaborada por la convención constituyente respecto a los bosques nativos dentro del marco del reconocimiento de los derechos de la naturaleza es consistente con la evidencia científica y el conocimiento de estos ecosistemas, sus amenazas y potencialidades, así como de las debilidades de la constitución y legislación vigente que han sido discutidas en este capítulo. Por otra parte, estos conceptos también fueron planteados en varios círculos académicos durante 2021, lo cual refuerza su validez. La única excepción del contenido de la de propuesta de la Convención Constituyente a incorporar en una nueva propuesta de constitución en lo que se refiere a los bosques nativos es la letra h) del artículo 202. Esto ya que otorgar competencias de las regiones autónomas en cuanto a la regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas, no parece deseable. Esto puesto que la experiencia en Chile y en diversos países muestran que el diseño, planificación y administración de las áreas protegidas deben responder a una lógica integrada que asegure la representatividad de los diferentes ecosistemas terrestres y marinos, y un uso más eficiente de los recursos, sin estar sujeto a las presiones debido a intereses locales de determinados grupos. Esto se ha observado en el caso del turismo o proyectos que generan impactos dentro de los Parques Nacionales y otras áreas protegidas, donde un sistema de carácter nacional es más robusto para defenderse de estos intereses particulares, tanto de autoridades como del sector privado. Por otra parte, esta propuesta es contradictoria con el proyecto de ley