Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 CUARTA PARTE: Propuesta de cambios substantivos al estilo de desarrollo chileno 17 A la par, se requiere fortalecer la institucionalidad pública en materia de calidad de aire para que sea, proactiva, eficaz y eficiente, responsable de conducir adecuadamente la política de calidad de aire. Donde la labor que tiene el Estado de forma activa en la formulación, implementación y evaluación de políticas va acorde a la realidad del país. Las acciones de una futura PCA deben ser impulsadas mediante políticas públicas concebidas de forma participativa, estratégica y transparente, entre los diferentes actores sociales (públicos, privados y sociedad civil) pertenecientes a las diferentes escalas territoriales. 2.1.2. Principios La constitución chilena dispone que el Estado debe asegurar y encargarse de que todas las personas tengan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Teniendo en cuenta que el aire de Chile es uno de los más contaminados a nivel latinoamericano, el cual excede la norma tanto nacional como internacional, es que el Estado debe liderar la realización de un conjunto de acciones intersectoriales dirigidas a disminuir los niveles de contaminación del aire en el país. La definición de un marco de principios busca la generación de propuestas coherentes con las necesidades del territorio nacional y los estándares internacionales. Se propone como primer principio la transparencia , bajo la cual el Estado deberá facilitar el acceso oportuno y adecuado a la información sobre calidad del aire. Incluyendo la información cuantitativa y cualitativa, así como, los mecanismos para la obtención y manipulación de la misma. A la par, se encuentra la gradualidad, principio que considera una materialización paulatina de las acciones asociadas al mejoramiento de la calidad del aire, las que se deben desarrollar en el tiempo y por etapas, permitiendo realizar los ajustes institucionales, normativos e instrumentales necesarios para su ejecución. El periodo propuesto para los cambios es al 2030.