Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 TERCERA PARTE: Institucionalidad y Gestión Ambiental 103 escasa para poder cumplir con el objetivo de establecer un modelo de gestión ambiental a nivel municipal. Cuadro 5.3 . Aportes en subsidios por año, periodo 2009-2018. Año Recursos asignados Municipios asignados Promedio con municipios asignados Recursos asignados en dólares 2009 $24.000.000 3 $8.000.000 $11.461 2010 $20.000.000 5 $4.000.000 $5.730 2011 $52.400.000 19 $2.757.894 $3.951 2012 $60.335.000 39 $1.547.051 $2.216 2013 $107.754.001 74 $1.456.135 $2.086 2014 $100.450.000 76 $1.321.710 $1.893 2015 $106.850.000 76 $1.405.921 $2.041 2016 $118.265.000 94 $1.267.127 $1.815 2017 $113.850.000 78 $1.446.794 $2.072 2018 $113.600.000 99 $1.349.000 $1.932 Fuente : Ministerio del Medio Ambiente, 2019. Seguidamente, el 26% de los encuestados solicita un mayor apoyo y acompañamiento por parte de los/as encargados/as regionales para facilitar la obtención de la certificación en los diferentes niveles del SCAM. Por último, el 12% de los encuestados expresa la necesidad de incluir de forma más activa a las autoridades municipales y regionales, de tal manera que se puedan propiciar cambios transformativos en las localidades. 5.2.2. Ordenanzas Ambientales Según el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (2006), entre las resoluciones que pueden adoptar los municipios se encuentran las ordenanzas, las que corresponden a “normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad”. En las ordenanzas se pueden establecer multas para sus infractores, las que no podrán sobrepasar las cinco unidades tributarias mensuales, y las que deben ser aplicadas por parte de los juzgados de policía local correspondientes. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, también, establece que la unidad municipal encargada elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental es la de aseo y ornato. Las ordenanzas ambientales, pueden ser definidas como instrumentos jurídicos con los que cuentan los municipios para poder concretizar su política de gestión