Informe país: estado el medio ambiente y del patrimonio natural

INFORME PAÍS SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 2019-2022 TERCERA PARTE: Institucionalidad y Gestión Ambiental 11 República en las acciones generales de Gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales renovables”. Ambos decretos no tuvieron mayores frutos ya que, no había una institucionalidad respaldándolas y tampoco la decisión política de realizar algún seguimiento a la dinámica que se estaba dando en esos años, particularmente en el ámbito internacional, y de brindar algún apoyo técnico reactivo frente a denuncias originadas en la sociedad civil. En los años ‘90 se empiezan a producir cambios debido a una emergente preocupación ciudadana por el deterioro ambiental y de la presión internacional, sea asociada a la cooperación para el desarrollo, sea a las exigencias de los mercados de los países industriales; una mayor apertura relacionada al advenimiento de la democracia tuvo también influencia sobre ello. En 1990 se creó la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana que representó un paso significativo en el proceso de gestión ambiental, y se reemplazó la Comisión Nacional de Ecología de 1984 por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (DS No 240/90), encargándosele el “estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente”, ambas de carácter interministerial. Con la creación de la CONAMA, representando la voluntad política de asumir la problemática ambiental desde el Estado, comienza a institucionalizarse la gestión ambiental en Chile. En cuanto a lo legal, se realiza un completo inventario de la dispersa y enorme cantidad de normas jurídicas vigentes con relevancia ambiental del país y, la iniciativa de mayor proyección hasta el momento, se inicia la tramitación en el Congreso Nacional de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la Ley N° 19.300 (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente o LBGMA en lo sucesivo) (Asenjo, 2006), promulgada en 1994. De este modo se adoptó formalmente una noción de sistema de gestión ambiental en el país conformado por la suma de las competencias ambientales de las diversas carteras sectoriales, coordinadas por la CONAMA cuyo rol, en cuanto a la ejecución de políticas, se desarrolla en los límites que marcan las potestades del resto de los sectores. Las expresiones jurídico-institucionales de la gestión ambiental en Chile han venido evolucionando a un ritmo creciente desde entonces. Sin embargo, es importante tener presente que el marco jurídico-institucional relativo a la gestión