Huella y presencia (tomo III)

DR. JoRGt LAS Hi,:RAs comprometer a los entes financiadores de la educación. Es decir, las pro- puestas de acción deben orientarse hacia la producción de cambios viables y factibles con metas realistas de acuerdo con las especificidades de desarro- llo de cada institución. Si bien los impactos serán de diferente magnitud, lo importante es que se produzcan y sean apropiados por parte de la comuni- dad académica y demás participantes. Es ahí cuando se logra la efectiva par- ticipación, la evaluación deja de ser una actividad meramente formal y espo- rádica con carácter de fiscalización y con propósitos exclusivamente puniti- vos. Las condiciones precedentes indican que la evaluación de instituciones y su proyección hacia la acreditación constituyen en este momento procesos estratégicos de mucho valor para el desarrollo de la práctica y la educación médicas en nuestro país. Las prácticas evaluativas aplicadas hasta el momento han estado centra- das en componentes específicos; esto hace que la evaluación sea un ejerci- cio muy puntual y sin impacto sobre los procesos de transformación social. A partir de los múltiples procesos que se vienen desarrollando en los dife- rentes países, la fundamentación teórica es obje to de revisión permanente. Esto se expresa en la premisa que conduce a una evaluación institucional más integral, donde se analicen los aspectos relativos al cuerpo docente, los estudiantes, la estructura político-administrativa de las instituciones, el mo- delo pedagógico aplicado y su inserción en los sistemas de prestación de servicios. En la más pura tradición universitaria, y aunque parezca contradictorio, el concepto de autonomía aún prevalente en nuestras instituciones es muy compatible con la noción de autorregulación. Este sentimiento puede crear tensiones con las tendencias emergentes de regulación por parte del Estado en aquellas organizaciones en las cuales la ingerencia estatal no ha sido una tradición. Por lo tanto, es conveniente promover la noción de que evaluación y acre- ditación son complementarias y que el fin último de estos procesos se orienta no al ejercicio del poder del Estado sobre las partes involucradas, sino al resultado social que se persigue con los mecanismos regulatorios. La experiencia internacional nos demuestra que la educación debe autorregularse por medio de mecanismos de acreditación voluntarios. Por lo tanto, el derecho a la autorregulación constituye un principio esencial para acceder a la calidad y la excelencia académica que permitirá el recono- cimiento profesional y social. Esta idea lleva a la educación en general y a la educación médica en particular, a valorar la eficacia social de sus acciones frente a la sociedad y el Estado, pero no resta al Estado su responsabilidad de garantizar a la sociedad la calidad de los servicios que recibe. La tarea por delante no es fácil, pero sí ineludible. 17