Agresiones sexuales: reflexiones acerca de la intervenciones psicológicas. volumen VI

219 ESCNNA y el sistema judicial chileno: Aproximaciones de las prácticas del sistema público de justicia de la Región... Tamara Kogan Valderrama, Carla Ledezma Lafuente también una mayor de difusión y extensión entre las fiscalías del país de estas buenas prácticas con miras a replicar aquellos ele- mentos que permiten mejorar la atención y trato hacia las víctimas. De acuerdo con lo que el protocolo anteriormente señala- do sostiene en su artículo 8 sobre la formación apropiada de los profesionales que trabajan con estas víctimas, se pesquisa en la práctica que esto no se cumple a cabalidad, toda vez que, como se mencionó anteriormente, los jueces muchas veces razonan sobre la base de un prejuicio debido al desconocimiento de la fenome- nología del delito. Asimismo, si bien se considera como positivo el que los profesionales pertenecientes a fiscalía cambien su per- cepción respectos de estas víctimas una vez que se capacitan en la materia, el desafío es generar una sensibilización respecto de este delito en particular, como también de otros delitos sexuales, desde la formación profesional de los abogados en sus respectivas escuelas de derecho, por cuanto la capacitación en estas mate- rias es realizada una vez que los profesionales están trabajando directamente en materia de delitos sexuales. No obstante, para poder desarrollar una mejor comprensión de las características de estas víctimas y optar hacia un mejor trato es posible conside- rar una formación anterior para poder insertarse laboralmente en este ámbito. Existen dificultades asociadas a la legislación de este delito. Si bien se pesquisa un avance en la legislación chilena respecto de los delitos sexuales en cuanto a la incorporación de nuevas figuras legales, ampliando estas, agravando las sanciones y ampliando el rango de edad (Ministerio de Justicia, 2012). El énfasis en este ámbito se encuentra en un cambio más profundo de las normas jurídicas orientadas a poder desarrollar una ley que les permita a los fiscales ejercer la persecución legal y solicitar las penas en concordancia con el delito cometido, es decir, que la explotación sexual comercial infantil sea un delito en sí. En cuanto a las prácticas consideradas como positivas, se encuentra el desarrollo actual de protocolos de actuación al in- terior de la Unidad de Delitos Violentos y Violencia Intrafamiliar perteneciente a la Fiscalía Nacional, las orientaciones técnicas que estos intentan traspasar a sus funcionarios y los protocolos