Especulaciones sobre el mundo desde América Latina

39 se multiplicaron los espacios de discriminación al ser apuntada la precariedad a la que están sometidos muchos inmigrantes como un factor de riesgo de la pan- demia, aun cuando, al comienzo, no fue por ellos que se expandían los casos de contagios, sino por población nacional que regresaba de su turismo por Europa. En este contexto, además, la figura del inmigrante fue retirada del reconocimiento de las responsabilidades estatales en materias de salud y protección social, las cuales fueron muchas veces negadas a partir de su exclusividad para la población nacional, cayendo en un populismo e hiper nacionalismo selectivo que contradice, incluso, a la inspiración central del discurso epidemiológico, que es mantener la salud pública. En el caso de la deportación, su uso táctico por parte del gobierno aumentó con- siderablemente, más allá de sus atribuciones legales, llegando a sobrepasar las recomendaciones internacionales, la jurisprudencia y a otros poderes del Estado. Este tipo de prácticas significó un gasto económico mayor y constituyó un eje clave para la legitimación de la cuestionada autoridad del Ejecutivo en materia sanita- ria y social. Así, mediante la intensificación de la deportación, se buscaba, por un lado, gestionar de manera eficiente el alto número de migrantes que pasaron de la noche a la mañana a ser irregulares y, por lo tanto, ilegales; y, por otro lado, aumentar la percepción de riesgo de migrantes a partir de una nueva estrategia de deportabilidad. Al estar sujeta al estatus laboral, muchos migrantes tuvieron que diseñar estrategias de sobrevivencia sanitaria mientras se expusieron al contagio, considerablemente más que la población nacional, y sin los cuidados a los que accedía esta. Sobre esto último, se destaca que el trabajo inmigrante fue clave para sostener sectores de servicios que fueron calificados como esenciales por las políticas estatales de la gestión sanitaria, como lo fue la agricultura, la construc- ción e, incluso, el trabajo de plataformas y del sector comercial y restaurantes. En definitiva, la deportabilidad instauró una ‘nueva normalidad’ donde el trabajo migrante es esencial, pero desechable. Respecto al ámbito de la securitización, el Estado fue un promotor de la preca- riedad migrante y, posteriormente, de su criminalización. Este proceso, estrecha- mente ligado a las condiciones objetivas entregadas por el contexto de la pande- mia, les permitió a los gobiernos de la región retroceder rápidamente en políticas promotoras de derechos humanos y aumentar las tecnologías de vigilancia policial y biométrica, e incluso de persecución de la inmigración. En el caso de Chile, esto significó varias transformaciones a la legislación vigente, como por ejemplo un contexto que facilitó acuerdos para la aprobación de las iniciativas de ley presen- tadas por la derecha en el gobierno, y que consolidó aún más el poder de control del Estado a costa del retroceso del país en materia humanitaria –por cierto, a la espera del resultado del proceso constituyente. Por último, la producción de mie-