A 50 años del inicio de la fonoaudiología en Chile: experiencias y desafíos actuales en salud pública

41 destaca que a la luz de los hechos y documentos, las diferentes autoridades han respetado la priorización propuesta, considerando los presupuestos disponibles en cada ocasión ( Diario Oficial de la República de Chile , 2019; MINSAL, s.f./f). CONCLUSIONES La implementación de la Ley Nº 20.850 ha sido un desafío constante que ha puesto tensión el quehacer diario institucional del Estado en múltiples ocasiones, por el mandato de crear nuevas formas de diálogo entre los actores involucrados. La participación ciudadana es hoy un imperativo en el diseño e implementación de las políticas públicas, que obliga no solo a considerarla para el futuro, sino para repensar la forma en que se han llevado a cabo las políticas sanitarias en las últimas décadas. El óptimo funcionamiento de las políticas debe ser independiente, para no tratarse de las voluntades de un determinado momento, por ello, uno de los aprendizajes de este complejo proceso ha sido la necesidad de un marco normativo riguroso y explícito en esta materia. Los mecanismos se pueden discutir de acuerdo con los tiempos y necesidades, pero el marco de lo posible es que el diálogo entre la ciudadanía y las diferentes instituciones del Estado es un deber de aquí en más, porque es factible generarlo y permite democratizar los espacios de política pública. Así pues, las decisiones deben ser tomadas con la mejor información disponible, por ello la salud basada en evidencia juega un rol importante para el logro de este objetivo. La obligatoriedad que establece la llamada Ley Ricarte Soto no solo de realizar un proceso formal de evaluación, sino también de disponer el acceso público de toda la información de dicho proceso y entregarlo a un equipo interdisciplinario para su análisis es un precedente, pero no se debe perder de vista que sigue siendo un desafío la colaboración Estado-ciudadanía-academia, para así lograr una mayor sinergia en la comprensión y análisis de la evidencia científica. La experiencia de la recomendación priorizada de las potenciales nuevas garantías a las autoridades de Salud y Hacienda, ha demostrado que una mirada de un órgano intermedio como la CRP —sumado a la opinión técnica, el presupuesto disponible y la escucha activa de los diferentes actores— ha permitido una mayor transparencia y disminución de la discrecionalidad de los procesos de toma de decisión. Cabe cuestionarse ahora si la decisión de la CRP debe ser vinculante o no para la decisión que deben tomar los ministros de Salud y Hacienda.