Investigación emergente: desafíos educativos presentes y futuros

140 INVESTIGACIÓN EMERGENTE. DESAFÍOS EDUCATIVOS PRESENTES Y FUTUROS sujetos (Cortina, 1997). En esta comunidad, los/as ciudadanos/as, en su individualidad, deben juzgar qué es la vida buena. Rechazan la distribuci n desde el Estado porque vulnera el contra- to que entablan los individuos para satisfacer sus intereses, por lo que el derecho a la libertad se superpone al derecho a la igualdad, salvo en el acceso a los derechos civiles que deben ser garantizados a todos los miembros de la comunidad. De acuerdo con Adela Cortina (1997), esta tradici n fue fuertemente rechazada en el periodo entreguerras, por visiones colectivistas asociadas al pensamiento del soci logo brit nico Tho- mas Humphrey Marshall, quien acu el término “ciudadanía social” como superaci n de las dimensiones individuales. De acuerdo con Marshall, es ciudadano/a no solo quien goza de derechos civiles (libertades individuales) y derechos políticos (participaci n en los asuntos del Estado), sino también quien goza de derechos sociales (vivienda, trabajo, educaci n). Este tipo de ciudadanía se asocia a una estructura estatal conocida como el Estado de Bienestar, el cual asume un rol redistribuidor como precondici n para el despliegue real de la ciudadanía civil y política. Es decir, para Marshall la ciudadanía como participaci n en la cosa p blica solo es posible satisfechas las necesidades b sicas del ser humano. Este modelo de ciudadanía, que ampli la base de los derechos hacia dimensiones no contempladas por el liberalismo, fue atacado por los sectores de la nueva derecha tras el término de la Segunda Guerra Mundial, quienes argumentaron que los derechos sociales promovían la pasividad entre los pobres y desatendían la justicia basada en el mérito. Una variante de las críticas al modelo colectivista de la ciudadanía proviene desde los sectores de izquierda, o de los denominados “te ricos de la sociedad civil”, para quienes el estado social depositó una confianza excesiva en el rol educador de los modelos de democracia participa - tiva. En efecto, se pensaba que la participaci n familiarizaba a los sujetos con el interés en los asuntos p blicos habitu ndolos a los valores del compromiso y el sentido de comunidad. Para autores como Adrián Oldfield, este optimismo es insuficiente porque no asegura que la vida cívica activa no sea usada con fines egoístas. Se requiere, por tanto, que las responsabilidades de participaci n queden explicitadas bajo mandatos y que las comunidades faciliten las con- diciones del ejercicio cívico, como el acceso a la informaci n, capacitaci n política, educaci n ciudadana, acceso al voto, entre otros (Oldfield, 1990). Por su parte, para autores como Michael Walzer “la civilidad que hace posible la política democr tica s lo se puede aprender en las redes asociativas” (como se cita en Kymlicka y Norman, p.12), esto es, en el barrio, el sindicato, la escuela, entre otros, pues allí se internaliza el autocontrol moral de la participaci n. Quienes no participan reciben no el castigo legal por su desafecci n, sino m s bien la desaprobaci n moral de la comunidad, la que constituye una poderosa herramienta de persuasi n para la im- plicaci n ciudadana. Los modelos hist ricos, por su parte, si bien comparten la existencia de una dimensi n colecti- va, han llamado la atenci n sobre el car cter constructivo y contextual de la ciudadanía. El so- ci logo Charles Tilly plantea que la ciudadanía moderna basada en derechos ha sido producto de una lucha que emerge cuando “una parte puede exigir con efectividad que otra entregue bienes, servicios o protección, y terceras partes actúan para reforzar (o al menos no dificultar) dicha entrega” (Grez et al., 2016, p.10). Los derechos y la producci n de estos emergen como parte de luchas y acciones en el tiempo que involucran a la sociedad civil, sea que esté orga- nizada o no, y sus demandas vitales. Estas demandas pueden expresar el restablecimiento de derechos perdidos o la legalizaci n normativa de nuevos derechos que en modo alguno est n contemplados en el orden legal vigente. La ciudadanía contempla, por tanto, no solo las garan- tías de derechos institucionalizados, sino adem s la posibilidad de revisi n de estos a través de diversos mecanismos, como la protesta social o la acci n de amplios grupos organizados de la sociedad civil.