Pandemia y crisis: desafíos para las Ciencias Sociales

Situación económico-social de los migrantes latinoamericanos y del Caribe – 235 de permanencia transitoria que se encuentren en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 49). El cambio de categoría migratoria solo se considera como régimen de excepción: “El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten te- ner vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio” (artículo 69). Esta ley ha sido criticada por organizaciones de migrantes y académicos por precarizar el trabajo y la residencia de los migrantes, convirtiendo la condición social de migrante en una situación permanente (la frontera como dispositivo de poder central, que plantea Mezzadra y Neilson, 2017) e incentivando su perma- nencia irregular, así como porque aumentaría los ingresos por pasos no habilita- dos. En 2020 ingresaron 12.935 venezolanos de manera irregular y a enero 2021 ya iban 3.463. En 2020 hubo 5.185 expulsiones decretadas y 1.470 expulsiones ejecutadas (SJM, 2021a). De este modo, el foco no está puesto en su incorpora- ción, sino en controlar, seleccionar y restringir la movilidad de las personas que proyectan su vida en Chile. Ante este aumento del securitismo y tendencia a la des-ciudadanización en la política migratoria chilena, las organizaciones de migrantes y refugiados se han multiplicado desde el año 2014, en casi todas las regiones del país, así como el apoyo de fundaciones y ONGs, construyendo una ciudadanía activa y seña- lando diversos propósitos: entrega de ayuda social (surgiendo las ollas populares en contexto pandémico); lucha contra la discriminación, xenofobia y racismo; orientación jurídica y capacitaciones; acceso a vivienda, destacando que desde 2020 ha aumentado la situación de calle y presencia en campamentos; búsqueda de trabajo; abuso y maltrato de empleadores, como en el trabajo doméstico y la economía del cuidado; derecho a la salud, destacando en 2021 las limitaciones a la vacunación por Covid-19; igualdad de género; derecho a votar; ingreso a colegios y universidades chilenas; nueva Ley Migratoria y demandas constitu- yentes; interculturalidad; así como representar a partidos políticos con presencia en Chile, entre otras demandas y propuestas (Cardoza, 2019; Dorsainvil, 2019; SJM, 2021a). Estas situaciones ocurren mientras la intención de arraigo en el país se ha ele- vado: existe un 36% más de solicitudes para residencias definitivas que en 2019, pues Chile sigue representando, en términos comparativos, un país estable y con posibilidades laborales en el contexto latinoamericano y del Caribe. Esto se ve