Pandemia y crisis: desafíos para las Ciencias Sociales

234 – pandemia y crisis desafíos para las ciencias sociales venezolanas vivan hoy en un estado de irregularidad migratoria que no es posible revertir sino mediante el ejercicio de facultades discrecionales por parte del Mi- nisterio del Interior y Seguridad Pública, que obstaculiza a las personas el acceso al mercado formal de trabajo y de arriendo de viviendas y, en algunos casos, a solicitar servicios o prestaciones básicas de parte del Estado, por aplicación de los artículos 70, 74, 77 y 76 del Decreto Ley N° 1094, de 1975, que establecen prohibiciones y sanciones en este sentido (Gissi & Greene, 2021). A partir de 2019, el Gobierno comenzó a impedir que las personas pudieran acceder al reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, pese a la exis- tencia de un régimen legal de protección que lo obliga a admitir a trámite dichas solicitudes (artículos 26 y 27 de la Ley N° 20.430, de 2010, Ley de Refugio). En efecto, en los años 2017 y 2018 las solicitudes de asilo en Chile ascendían a 5.723 y a 5.727, respectivamente, pero en 2019 solo fueron formalizadas 780 solicitu- des, pese al importante ingreso de personas venezolanas al país, quienes califican como tales de acuerdo a la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena (1984), “sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela” (ACNUR, 2019). Entonces, frente a situaciones de desesperación y precariedad económica que aumentó la pandemia, y sus efectos, como los obstáculos para la regulariza- ción migratoria, muchas personas que estaban en Chile comenzaron a pensar en retornar a su país de origen. Al respecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública implementó los vuelos de retorno “voluntario”, según el “Plan humani- tario de regreso ordenado” (2018) desde Santiago a Puerto Príncipe, Haití, en un primer momento, extendiéndose en 2020 a venezolanos, colombianos y do- minicanos. La admisión a este plan, no obstante, implicaba una prohibición de ingreso a Chile durante nueve años. Otro acontecimiento político relevante, ocurrido a fines de 2018, fue la no adhesión del Gobierno chileno al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Aunque recibió el respaldo de 164 Estados miembros de las Naciones Unidas, el Ejecutivo decidió no suscribir argumentando que el do- cumento tiene contradicciones con aspectos centrales de la política migratoria que impulsa el Gobierno, y que no hay una distinción clara entre los derechos y obligaciones de los migrantes regulares y los irregulares. Finalmente, la nueva Ley migratoria, promulgada en abril de 2021, impide que quienes ingresen a Chile en calidad de turistas cambien de categoría migra- toria (salvo casos excepcionales), por lo que las personas deben tramitar las visas en su país de origen. Al respecto, sostiene la nueva Ley: “Los titulares de permiso