Pandemia y crisis: desafíos para las Ciencias Sociales

232 – pandemia y crisis desafíos para las ciencias sociales uno basado en los derechos humanos, en que migrar es un derecho universal de toda persona; otro securitista, que prioriza el cierre y control de fronteras; y un tercero, denominado de gobernabilidad, en que la migración se visualiza como un asunto de gestión político-administrativa. Estos modelos y las prácticas estatales de gestión migratoria se aproximan más a las declaraciones de los or- ganismos internacionales sobre derechos humanos (ONU, en particular OIM, ACNUR y OIT) o al principio de soberanía nacional, estableciendo requisitos de ingreso y estadía. A esta problemática aluden Sayad (2010) y Mezzadra y Neilson (2017) cuan- do afirman que pensar la inmigración significa pensar el Estado y el Estado se piensa a sí mismo pensando la inmigración. Se trata de la construcción de ciu- dadanía migrante, proceso marcado por su desplazamiento transfronterizo y el desafío de incorporarse en la sociedad receptora. Es que es innegable la condi- cionalidad, parcialidad, paulatinidad y selectividad con que acceden a derechos los/as migrantes (Yufra & Courtis, 2021), produciendo distintas formas de vul- neraciones. Estas coyunturas críticas han activado el interés en ellos/as por par- ticipar, generado renovadas demandas por pertenecer a la comunidad política, accediendo a los derechos fundamentales, derechos civiles y políticos (DCP), económicos, sociales y culturales (DESC)(Cepal & OIT, 2017; Thayer, 2013), garantías de las personas cuya protección es reclamable al Estado (Domínguez, 2016). Ahora bien, dada la crisis humanitaria provocada por el éxodo venezolano, en España y Colombia ha habido noticias en los primeros meses de 2021, que re- velan nuevas posibilidades. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo reforzó la protección de las personas refugiadas y desplazadas internamente en el continente americano. La ayuda de la Agencia Española ser- virá para consolidar los sistemas de asilo nacionales, así como los servicios de orientación y asistencia legal a los que accede la población venezolana vulnerable en Colombia, Ecuador y Perú, y a las personas desplazadas internamente en El Salvador, Honduras y Colombia. Además, busca impulsar oportunidades rela- cionadas con la inclusión económica en el contexto de la Covid-19, proporcio- nándoles acceso a medios de subsistencia a personas en alto riesgo de exclusión y a supervivientes de violencia sexual y basada en género. Su aporte servirá para incrementar los procesos de coordinación de la respuesta regional, colaborando a estabilizar la Plataforma Regional de Coordinación Inter-agencial para Refu- giados y Migrantes de Venezuela (R4V) y la Plataforma de Apoyo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) en Centroamérica (González, 2021). Por su parte, Colombia regularizó a más de un millón de vene-