Voces de la Universidad para la educación del nuevo Chile

15 Voces de la Universidad para la educación del nuevo Chile. manera abrupta el rol preponderante del Estado sobre la educación pública. Una elocuente expresión de este nuevo marco institucional de la educación es la denominada “Ley General de Universidades”, con- formada por una serie de decretos con fuerza de ley promulgados por la Junta Militar a fines de 1980 y principios de 1981. Como se señaló antes, esto significó un desmantelamiento del sistema uni- versitario público existente en el país –configurado por la Univer- sidad de Chile y la Universidad Técnica y sus respectivas sedes-, y la reducción de los fondos basales que les entregaba el Estado que venía produciéndose desde la década del 70’. A la vez, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del 30 de diciembre de 1980, dio lugar a la creación de universidades privadas como “cor- poraciones sin fines de lucro”. Estas empezaron a surgir a media- dos de esa década y continuaron expandiéndose con escasa regu- lación más allá del término de la dictadura. La legislación también influyó en el nacimiento de más institutos profesionales, los que tuvieron permiso para lucrar. En forma paralela, ocurrió el proceso de municipalización a partir de la promulgación del Decreto con Fuerza de Ley 1-3063 de 1980- en virtud del cual se traspasaron las escuelas y liceos públicos des- de el Ministerio de Educación (Mineduc) a las municipalidades. Los alcaldes, todos designados por el gobierno como autoridad muni- cipal, pasaron a ser los “sostenedores” de esos establecimientos. A la larga, eso significó -entre otras cosas- desigualdades entre los distintos establecimientos producto de inequidades entre los municipios, y una precarización de la situación laboral de las y los docentes, quienes pasaron a regirse por el Código Laboral. Al mismo tiempo, con el fin de introducir dinámicas de mercado en la provisión educacional en Chile el régimen dictatorial promulgó el 29 de agosto de 1980 el Decreto Ley 3476 y el Nº 8144 –complemen- tado en septiembre de ese año con las disposiciones reglamenta- rias. Esta legislación estableció un sistema de financiamiento para establecimientos públicos y particulares subvencionados vía vou- che r, consagrando así un mecanismo de “subsidio a la demanda”. En el caso de los establecimientos de educación básica y media, este voucher consistió en un pago mensual desde el Estado a los provee- dores educacionales, los que se empezaron a conocer como “sos-