Comunidad y América Latina: avances decolonizadores

355 empresa en su favor, en las relaciones tanto laborales como con la MIPE, e incluso con la PYME, en muchos sectores económicos agrarios, así como con trabajadores temporeros y por cuenta propia en la ciudad. Esta relación separa, divide, atomiza y genera dispersión entre asalariados, productores y autoempleados. El resultado es de extenso malestar por una relación de flexiprecariadad (Aguilar, 2010), bajos salarios y débil organización sindical y negociación colectiva, escasos derechos laborales y capacitación —también privatizada— poco demandada por una economía centrada en la exportación de recursos naturales. La situación es más pobre y desregulada aun entre empleos temporales, subcontratados y de cuenta propia. Por otro lado, la MIPE, con baja organización y capacidad productiva, en especial en el agro y la pesca, también tiene escaso poder de negociación como proveedora ante la gran y mediana empresa exportadora. El pago a destiempo es ampliamente extendido para productores subcontratados, abastecedores mineros, forestales, viñateros, fruteros y pescadores, llevando muchas veces a la venta de la tierra a la exportadora (y al desencadenamiento productivo del sector). Estos asalariados, micro y pequeños productores y trabajadores por cuenta propia, desprotegidos institucionalmente bajo relaciones económicas desreguladas, sobrepasan el 80% de la población activa, son la fuente de sobrevivencia principal del país y de su malestar. Comprenderlo por regiones (Falabella, 2020) y por su desprotección extractivista del medio ha sido fundamental para dar cuenta del extendido malestar que permea profunda y extensamente, por casi 50 años, a nuestro país. Los productos sociales del estallido La revuelta popular decantó en el “Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución" (Rodríguez, 2019), sellado con la firma de la derecha y la izquierda chilenas. No obstante, ello fue solo la