Comunidad y América Latina: avances decolonizadores

315 consiguió que se garanticen las licencias, las medidas de seguridad y de cuidado de la salud (Arecco, 2020). Gracias a la movilización, consiguieron que trabajadores en ciertas situaciones pudiesen quedarse en su casa sin perder su salario (Arecco, 2020). Así, aun cuando los trabajadores se autoimponen medidas sanitarias más estrictas, como la restricción de movimiento, estas restricciones nacen del valor de la vida y dignidad de los trabajadores, y no son entendibles como solo un mecanismo de control estatal. En Chile el gobierno (hacia fines del año 2020) implementó una cuarentena selectiva, en la cual solo algunos sectores de la capital, Santiago, tuvieron confinamiento total. El sector oriente de la capital (de mayores ingresos) se benefició de esta medida mientras que, en las comunas más vulnerables, debido a la no aplicación de la cuarentena, el índice de contagios subía por condiciones de vida y trabajo precarias que favorecían la propagación del virus. Cabe destacar que no se dieron a conocer los criterios de selección de las primeras comunas en cuarentena del sector oriente (como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, etc.) hasta la liberación del primer informe epidemiológico por el Ministerio de Salud (Olmos y Stuardo, 2020). El estudio de Olmos y Stuardo (2020) revela que “a pesar de que el concepto de vulnerabilidad es dinámico, las crisis sanitarias y humanitarias incrementan las desigualdades sociales y visibilizan las falencias estructurales de los estados” (p. 967). Falencias que, en el caso de Chile, fueron ampliamente denunciadas por el movimiento social de Octubre del 2019, pero que se acentúan con otras formas de control social. Es así que, en nuestro país, la implementación del Estado de Excepción ha servido al gobierno para mantener el poder en medio de una profunda crisis de legitimidad, a costa de la suspensión del Estado de Derecho. Generando así, en palabras de Agamben, un