Comunidad y América Latina: avances decolonizadores

279 endógeno, actores del pueblo desarticulados (asalariados, micro- pequeños empresarios, MIPE), partidos sin vínculo mayor con ellos dirigidos por diputados, senadores sin mayorías por legislación binominal, altos sueldos y aval constitucional de relaciones verticales de gran empresa con asalariados, MIPE. Tres cambios institucionales importantes facilitaron la transformación en marcha hoy a pesar de restricciones fuertes constitucionales: fin de senadores designados y comandantes autodesignados en 2005, fin sistema eleccionario binominal empatado entre bloques (necesitan voto 2/3 para elegir mayorías) en 2017 y constitucional 2021-2022. La CUT fue cooptada en 1990 con un acuerdo tripartito con la dirección empresarial de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC y el gobierno, logrando nueve años de pago por desahucio, pero sin cambios en el Plan Laboral y sus relaciones flexiprecarias laborales (Falabella 2008; Falabella y Fraile, 2010, 2014). Un análisis reciente CUT-CPC definen un contraste estructural profundo entre ambos, marcado por la centralidad CPC en su relaciones económicas y políticas y el desaparecimiento casi por completo de la presencia y propuestas CUT (Avendaño y Cuevas, 2018). La presidenta de la CUT no fue elegida constituyente para elaborar una nueva Constitución. El desperfilamiento similar de pequeños gremios empresariales como CONAPYME es también evidente, así como su capacidad de negociación investigada en tres territorios y cuatro cadenas productivas (Falabella, 2005) y otros similares (Garrido, 2017; Peppelenbos, 2005). Indican el nivel de constitución social y encuentro asociado más bajo de la historia sindical y algunos ejemplos creativos de lucha en servicios de punta —como Starbucks, Walmart mostrando otro rostro puntual de la CUT— que han reemplazado la producción industrial en expansión bajo la Republica y acompañan el incremento de exportaciones de recursos naturales. Las unidades constitutivas principales de la central sindical son empleados públicos y profesorado, al punto que en la reforma laboral presentada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet no fue incluido derogar el no derecho de temporera-os de