Comunidad y América Latina: avances decolonizadores

256 movimientos sociales y jornadas de insurrección popular en algunas zonas de América Latina y el Caribe, que tienden hacia la inorganicidad y esporadicidad, da cuenta del anquilosamiento del sistema político formal y del menor impacto en la realidad contemporánea que tendrían los partidos políticos (Alcántara, 2004), pero también de sujetos que no consiguen llevar su lucha a un plano político, a la disputa por el poder. De este modo, si bien las vías democrático-representativas no parecen agotadas —según señalan datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), entre 1990 y 2016 la participación electoral aumentó de un 63.3% a un 70.8%—, es preciso observar qué procesos de reconfiguración política ocurren en aquellas zonas que fueron desintegradas, zonas que muchas veces marcan el paso de los procesos políticos de nuestras sociedades. Las preguntas que inquietan desde una óptica clasista-comunitaria son si los movimientos sociales y organizaciones políticas de estos nuevos grupos podrán, por un lado, articularse bajo una lógica clasista y, por otro lado, desarrollar formas de lucha propias de comunidades con procesos de desarrollo maduros. Desde esta óptica, se puede comprender el auge en la movilización popular de las últimas décadas como parte de un proceso general de formación de comunidades en lucha. Movilizaciones de grupos rurales, indígenas, trabajadores, estudiantes, etc., si bien no siempre se articulan bajo ejes explícitamente clasistas, nutren el antagonismo propio de los conflictos alojados en la estructura económica. Así, entre otras, la lucha del pueblo mapuche contra la intensificación agroforestal en el Wallmapu se alza contra un nuevo ciclo de acumulación de capital (Pineda, 2018); la lucha de los estudiantes colombianos, se opone la extensión de la forma mercancía a la educación y a la privatización de la educación pública (Archila, 2012); las luchas populares guatemaltecas, además de exigir el cumplimiento de demandas estructurales e históricas, se enfrentan a un modelo económico de acumulación por despojo (Yagenova, 2017). Lo que está supuesto en