Migraciones transnacionales: inclusiones diferenciales y posibilidades de reconocimiento

Acciones municipales dirigidas a poblaciones migrantes en la región de Valparaíso – 247 ceso de inserción social está siendo más lento y complejo producto de las trabas administrativas para obtener permisos de residencia y poder trabajar de manera regular. En el caso de la migración femenina, además de las razones económicas, existen argumentos emancipatorios y de violencia intrafamiliar que vinculan los procesos migratorios a situaciones de carencia o abuso (Stefoni, 2002). La región de Valparaíso ocupa el tercer lugar respecto del número de ex- tranjeros residentes en Chile; y el cuarto entre las regiones del país que reciben al 85% de la población inmigrante internacional (Instituto Nacional de Estadís- ticas, 2018). Según estudios recientes (Pinto, 2018), la población migrante en la región adquiere diferentes perfiles sociodemográficos atendiendo a la diversidad de actividades productivas de sus territorios, incorporándose principalmente como trabajadoras y trabajadores en el turismo, la agricultura, las actividades portuarias, los servicios o la construcción. Estado, políticas públicas y migraciones en Chile El análisis de producción científica sobre migraciones de Stefoni y Stang (2017) identifica más de diez autores cuyos trabajos han versado sobre la política mi- gratoria nacional, su relación con directrices de organismos internacionales y el rol del Estado respecto a la diversidad. Los estudios específicos sobre políticas migratorias de gobiernos locales son escasos y de interés más reciente. Ambas autoras concluyen en la importancia de profundizar en el campo de migraciones a nivel local y regional, con el fin de aportar desde realidades situadas a la discu- sión teórica de los desplazamientos humanos. En Chile, tres modelos de desarrollo inspiraron a lo largo del siglo xx y co- mienzos del siglo xxi las políticas sociales orientadas a grupos en exclusión so- cial (Illanes, 2005). El actual modelo de desarrollo iniciado con el golpe militar de 1973 generó cambios estructurales que desmantelaron el rol del Estado en la generación, financiación y ejecución de políticas y programas sociales de corte universal y comunitario; para migrar a un modelo de subsidiaridad, relevando el mercado, la desregulación y la descentralización en la asignación, competencia y gestión de recursos focalizados y condicionados a grupos vulnerables. Profundi- zadas las privatizaciones y mecanismos de apertura económica (Arellano, 2012), el vínculo y participación de la ciudadanía también fue redefinido, con derechos transformados en oportunidades por las cuales cada uno tendría que competir individualmente (Adelantado y Scherer, 2008). El concepto de exclusión social surge en la literatura científico-social como una manera de entender las desigualdades socioeconómicas que afectan a diver-