Migraciones transnacionales: inclusiones diferenciales y posibilidades de reconocimiento

El rol de las políticas locales en la promoción de la inclusión educativa – 139 estar determinadas por las barreras que produce el sistema, dificultando los pro- cesos de inclusión, en especial para quienes están en situación de irregularidad migratoria (Poblete, 2018). Por otro lado, los programas de acogida para estudiantes migrantes para el caso de Chile presentan debilidades, entre las que destaca la ausencia de linea- mientos educativos, lo que finalmente afecta sus posibilidades de integración e inclusión ( Jiménez et al., 2017). De esta forma, surge un escenario complejo para niños, niñas y adolescentes migrantes que se explica por las perspectivas restric- tivas que tienen las escuelas en torno a la diversidad y, también, por el esfuerzo institucionalizado de promover una identidad nacional fundada en valores pro- pios que tienden a la uniformización y asimilación (Novaro, 2016). Esto adquiere mayor relevancia en la educación secundaria, dado que esta es una etapa en la cual las relaciones sociales y las decisiones vocacionales de los y las jóvenes adquieren una gran relevancia (Krauskopf, 2010; Langer, 2013). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la educación primaria, cuando los y las jóvenes migrantes llegan a este nivel, su presencia comienza a ser minoritaria en relación a la población nacional, por lo que no siempre se generan estrategias institucionales para promover una inclusión efectiva que vaya más allá de garan- tizar su acceso, lo que puede incidir en la valoración y experiencia vital que los y las estudiantes tengan del espacio escolar y provocar resistencias o acciones que pueden entrar en conflicto con la institucionalidad. A lo anterior se suman las evidencias que muestran que en determinados liceos la convivencia escolar se ve tensionada debido a que los/as adolescentes se relacionan casi exclusivamente con sus compatriotas (Poblete y Galaz, 2017), lo que genera aislamiento y exclu- sión. En ese sentido, la inclusión educativa propone la posibilidad de derribar las barreras que impiden el acceso y participación de todos/as los/as estudiantes en el aprendizaje y otros procesos escolares (Booth y Ainscow, 2000), aunque no basta declararlo como un principio ético, sino que debe traducirse en acciones específicas y concretas tendientes a ese fin, lo que supone, entre otras cosas, cues- tionar la matriz sociohistórica de la discriminación (Ocampo, 2016) y modificar las políticas, prácticas y culturas institucionales en orden a generar un nuevo tipo de entendimiento, basado en el respeto de la diversidad, su valoración y recono- cimiento como recurso legítimo al interior del espacio educativo. En ese marco, el contexto actual –caracterizado por la irrupción de identi- dades diversas y la heterogeneidad de los y las estudiantes (Arnaiz, et. al. 2017), en especial en contextos migratorios– demanda formas y modelos distintos, basados en el diálogo intercultural ( Johnson, 2015). En el entendido que existe