Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19 : Informe de investigación
Mllldils ISlllalllS para ime• 11 VIOLENCIACONTRA USMUJERES en......_ lle COVID-19 Asimismo, hay una crítica relacionada con que la violencia contra las mujeres no se considera una prioridad, con la consecuencia de que no se invierte los recursos necesarios (Muñoz, A., 2021; Maira, 2020; Hernández, 2020) . Adriana Muñoz (2020), por ejemplo, hace referencia a un proyecto de seguimiento telemático para las medidas cautelares, que los diversos gobiernos rechazan por el costo. Patricia Muñoz (2020), por su parte, agrega otros argumentos a los que se recurre, como que las máquinas no funcionan o que no se puede llegar en caso que se produzca la alerta . Las casas de la mujer y los equipos del MinMujeryEG a nivel nacional no tienen recursos adecuados, lo que implica que se encuentran sobre exigidos y no permiten una adecuada respuesta, hay mucharotación de cargos, un salario inadecuado y se les exige realizar una multiplicidad de funciones (Maturana, 2020; González, 2020). Las casas de acogida muchas veces no tienen cupo, pero esto no se considera un problema desde el Ministerio, porque consideran los cupos a nivel nacional y ofrecen en otras regiones, pero ello significa para las mujeres dejar todo, incluidas sus redes de apoyo o hijos (Pérez, 2020) . Los centros para la atención de la violencia sexual, por su parte, son sólo tres a nivel nacional, por lo que con mayor razón no pueden dar respuesta a la demanda (Peña, 2020) . Desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del MinMujeryEG sostienen que se requiere al menos de un presupuesto que sea el doble que el actual y eso en un escenario sin pandemia (Madariaga, 2020). La falta de presupuesto también se da a nivel de las municipalidades. Para la casa de la mujer de la Municipalidad de Vilcún el tema se traduce en las dificultades para contar con un equipo multidisciplinario, adecuado para responder a la demanda que tienen, pero las gestiones no han dado resultado, lo que implica tener que priorizar la demanda (Reuca, 2020). Las políticas públicas tampoco están elaboradas con un criterio de interseccionalidad, por lo que hay muchos sectores que quedan absolutamente marginados de las mismas. Las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad se encuentran absolutamente al margen de las políticas y tienen grandes dificultades para acceder a lo mínimo. Tampoco se ha considerado a las mujeres trans y no se las ha incluido en los debates de las políticas que se les aplican, lo que, unido al desconocimiento de su realidad, lleva a que se apliquen políticas inapropiadas, con falta de sensibilidad, o que simplemente no existan . Las políticas no incorporan la interpretación a otros idiomas, ni aspectos culturales, lo cual tiene impacto para poblaciones migrantes o indígenas (Maira, 2020) . En el caso de las niñas y adolescentes, no se encuentran entre los objetivos del MinMujeryEG, por lo que no las incorporan a •
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