Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19 : Informe de investigación

lllllldldas astatala 11111 1111111* la VIOLENCIACON1iRA LASMUJERES en llaQlos,lli CDVID-19 estudios desarrollaron el término de interseccionalidad para evidenciar que existen otras formas de opresión que el feminismo blanco invisibilizaba, poniendo como eje en la consideración del sistema sexo-genérico la subordinación de mujeres blancas frente a varones de su misma condición de clase y raza. El término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en el año 1989, y buscó visibilizar la interconexión entre identidades que coexisten y conducen a un entramado de vulnerabilidades. Es así como algunas autoras plantean "la necesidad de comprender a la opresión de género como proceso social constituido en articulación indisoluble con otros vertebradores de desigualdad, sustancialmente la clase social y la raza" (Pombo, 2019, p.146). La interseccionalidad como categoría analítica surge al calor de los arduos debates dentro del feminismo y se aleja de la inicial concepción monolítica de la mujer. En este sentido, explorar desde las ciencias sociales con un enfoque interseccional nos permite visualizar cómo los múltiples ejes de diferencia articulan de manera simultánea y profundizan las desigualdades y discriminaciones. No solo la academia prestó atención a la superposición de los ejes de diferencia y desigualdad, sino que los organismos internacionales, las ONGs y los Estados han comenzado a desplegar discursos y políticas públicas desde una perspectiva interseccional. Por poner un ejemplo, la resolución acerca de los derechos humanos de la mujer dictada en la 58º sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 23 de abril de 2002, declaró en su primer párrafo : "(...) Reconocía la importancia de examinar la intersección de múltiples formas de discriminación, incluyendo sus causas de raíz desde una perspectiva de género" (Resolución E/CN.4/2002/1.59). A nivel estatal, suele pensarse que las políticas públicas son neutrales al género y al poder. Sin embargo, numerosos estudios feministas han evidenciado que el Estado es una institución generizada (Acker, 1990; Rodríguez Gustá 2008) y que, por tanto, en sus prácticas, costumbres y planes de acción profundizan las inequidades y desigualdades de género, raza, clase e identidad. A partir de los años 90, las políticas de transversalización de género (o gender mainstreaming) han ganado lugar. Siguiendo a Ress, las políticas de transversalización residen en "la promoción de la igualdad de •