Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19 : Informe de investigación

lldlas lllllllespara pre"* la VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES en •os• COVID-19 encontramos grandes limitaciones. En cuanto a la aceptabilidad de las medidas, las mismas se orientaron a dar una primera respuesta a la violencia, fundamentalmente centradas en la información y solicitudes de ayuda (como refuerzos a líneas telefónicas de asistencia y la mascarilla 19 en Chile y el barbijo rojo en Argentina), pero no necesariamente a dar una respuesta integral y acompañar a las mujeres en todo el proceso, desde la solicitud de información, el acceso a la ayuda, el acompañamiento en tribunales y el acceso a refugios o casa de ayuda . Hubo medidas dirigidas a garantizar servicios que ya existían, en el ámbito de la salud, judicial y, de servicios como psicológicos y los servicios preexistentes siguieron funcionando. Sin embargo, no se reforzó la prevención, en la atención integral y, como ya se señaló, en cubrir y dar respuesta a otras formas de violencia. Las medidas tampoco incorporaron formas de evaluación que den cuenta de la situación de violencia durante el período, ni de la calidad de la respuesta estatal adoptada . Las medidas de coordinación interinstitucional fueron muy relevantes. En ambos casos se adoptaron medidas en el Poder Judicial para garantizar la continuidad de las causas relativas a la violencia. Al respecto, los problemas detectados son estructurales, deficiencias en cuanto a la formación del personal, estereotipos, y el diseño de un sistema que no considera esta problemática como un tema relevante que requiere una respuesta de todo el sistema. Finalmente, las medidas se adoptaron fundamentalmente a nivel central por ambos Estados, pero no se consideró una evaluación y adaptación de las mismas en consideración de las particularidades de cada territorio, como la situación de zonas rurales o alejadas con caminos deficientes, falta de tecnología y problemas de conectividad; en función de grupos culturales, como los indígenas, o migrantes; grupos específicos de mujeres, con situaciones especiales de vulnerabilidad o que agravan los riesgos de violencia específica, como las niñas, adolescentes, adultas mayores, las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, y las que provienen de sectores económicos con menores ingresos y las personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género. En el caso de Argentina, las características federales del país también presentaron desafíos dada la necesidad de adecuar las medidas nacionales en el nivel subnacional, lo que depende de coordinación y comunicación entre distintos niveles de gobierno. •