Cien propuestas para el país que queremos: diálogos al alero de la Universidad de Chile

160 cien propuestas para el país que queremos 6. Fortalecer la democracia y la participación en la gobernanza de las instituciones culturales públicas. No solo desde el marco constitucional de 1980, sino que tam- bién en la práctica política del país hasta hoy, ha existido una fal- ta de ejercicio efectivo de la democracia. Lo anterior, sumado a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, vuelve necesario promover una cultura y procedimientos entre las institu- ciones del Estado que posibiliten mayores grados de participación ciudadana en la esfera pública cultural. Esta debe ir más allá de la perspectiva de la construcción de públicos y audiencias e incorpo- rar actores culturales en la toma de decisiones. Es a ellos a quienes, por definición, les compete la construcción de políticas públicas en cultura, pues en definitiva les afectan directamente. Ello implica un ejercicio de decidida apertura por parte de quienes diseñan y eje- Creemos que la sociedad civil debe tener independencia en su accionar no solo del Estado, sino también de los grupos de empresarios o de sus fuentes de finan- ciamiento, en general. De lo contrario estaríamos retrocediendo en la indepen- dencia de este importante sector. c) Para revertir la concentración de los aportes en la Región Metropolitana (RM), proponemos que las donaciones destinadas a regiones distintas de la RM tengan un beneficio tributario mayor, sumado a ello un trabajo en alianza con las propias instituciones de la sociedad civil, reparticiones públicas como el SII, universidades, entre otras, para promover las donaciones de las personas y em- presas de una manera fácil e informada. d) Apoyar desde el Estado el fortalecimiento de las organizaciones de la socie- dad civil que cumplen un rol público. Facilitar las condiciones para que puedan acceder a financiamiento mixto (público/privado) asegurando, por una parte, un financiamiento basal por parte del Estado, y mejorando la eficiencia, eficacia y pertinencia de los instrumentos existentes para que el sector privado concurra con financiamiento al desarrollo cultural, como una responsabilidad de la so- ciedad en su conjunto. Sumado a lo anterior, es importante que el Estado apoye la medición del impacto que tienen las organizaciones de la sociedad civil en su accionar, ya que son quienes en múltiples ocasiones ejecutan los programas diseñados en los instrumentos de política pública.