Cien propuestas para el país que queremos: diálogos al alero de la Universidad de Chile

149 culturas , artes y patrimonios que destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1987, por el cual el Estado se compromete a con- sultar a las comunidades indígenas en todas aquellas materias que les afecten, y que fue aprobado en nuestro país recién en 2008. Se deben tener en consideración, además, la estructura orgánica y los esquemas habituales en la toma de decisiones que adoptan las instituciones de responsabilidad en el ámbito cultural. Entre ellas, son emblemáticos los casos donde se señala el nulo o muy escaso margen de participación que posee la ciudadanía, destacando en la memoria colectiva los casos vinculados a la disputa entre Andrés Pérez y Matucana 100; las transformaciones que conducen al desa- rrollo del GAM; o la evolución del Parque Cultural de Valparaíso (Excárcel Pública de Valparaíso), donde los factores comunes son el afán por resignificar bienes públicos, las formas de proceder del Estado ante la toma de decisiones en estos contextos y las comu- nidades interesadas en la cogestión de dichos espacios. La actual institucionalidad de la cultura dentro del Estado no ha sido para nada de las más adecuada y mucho menos su gestión. Si no com- prendemos esto, seremos capaces de hacer todos los aportes a una nueva Constitución, pero lamentablemente habremos perdido el tiempo y mantenido nuestras frustraciones con respecto a lo que hay y podemos hacer con la cultura en Chile. En síntesis, de acuerdo con nuestro diagnóstico existen diver- sos aspectos que explican la situación actual del campo cultural: la falta de reconocimiento constitucional de los derechos culturales y de la diversidad cultural de nuestro país, las formas en que se ha comprendido y definido a la cultura desde la institucionalidad cul- tural y que han dado forma a los planes y políticas, las lógicas con que se han construido las políticas de financiamiento, las formas de gestión de la institucionalidad cultural y la mínima participación de las comunidades en los distintos territorios en la definición de sus necesidades culturales. Todo esto ha redundado en una escasa valoración social de nuestro quehacer.