Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

CAPÍTULO3 : Lapropuestade creacióny el debate entornoa lanueva institucionalidad 103 El proyecto original contemplaba la «pertinencia local» y la «participación de la comunidad» entre sus principios, entregaba nuevas funciones a los consejos escolares —algunas de ellas propuestas por la CoordinadoraNacional de Estudiantes (CONES)—y creaba consejos locales de educación en cada SLE, conformados inicialmente por apoderados, estu- diantes, profesores, asistentes de la educación, alcaldes y representantes del gobierno regional. Esta gobernanza local les pareció insuficiente a distintos sectores y mejorarla fue un proceso complejo, primero, por la diversidad demiradas respecto a cuándo unmodelo de participación es más efectivo y representativo 33 , y segundo, por las limitaciones constitucionales que tienen las comunidades para participar directamente en la administración del Estado 34 . La solución para el desafío de dotar a la nueva educación pública de un sistema de control y rendición de cuentas local consistió en crear un comité directivo para cada servicio local, que se agregó al consejo local de educación pública. Por cierto, la delimitación de funciones, la relación entre ambos organismos y su complementariedad en términos de participación, control y toma de decisiones resultaron ser cuestiones difíciles de diseñar, y su implementación constituye uno de los desafíos más complejos, como se verá más adelante. Un asunto relevante de la discusión sobre el nuevo nivel intermedio tuvo relación con el número de servicios locales y su escala. En la propuesta inicial, la red del sistema de educación pública se extendía a lo largo del territorio nacional con sesenta y siete SLE. Esta «escala» de la propuesta se fundamentaba en criterios tales como la capacidad de acompañamiento efectivo a las escuelas, la profesionalización de los servicios locales de educación, la existencia de una estructura dematrícula sostenible financieramente y las posibilidades de trabajo en red al interior del SLE. Si bien durante la tramitación del proyecto algunos actores plantearon la necesidad de que los servicios locales fueran más cercanos a la escala comunal, los argumentos técnicos los fueron persuadiendo de que la escala propuesta era razonable para cumplir con los objetivos y realizar satisfactoriamente las funciones del nuevo sistema. Así, el ajuste realizado al proyecto inicial fue bastante acotado: se pasó de sesenta y siete a setenta servicios a lo largo del país 35 . Finalmente, otro punto que generó debate respecto a la configuración de los servicios locales fue la inserción del nivel parvulario en el nuevo sistema. Si bien su relevancia estuvo contemplada 33 Por ejemplo, los sectores más de izquierda —representados en la discusión por los diputados Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC)— proponían una estructura con más integrantes y atribuciones, por ejemplo, en la definición de los planes estratégicos de cada servicio local. Una postura intermedia representaban actores del mundo académico o la sociedad civil, como Educación 2020, quienes enfatizaban la necesidad de asegurar un trabajo coordinado entre el director y el consejo local. En el otro extremo de la discusión, estaba lamirada de la coalición de oposición y algunos parlamentarios y senadores de laDemocracia Cristiana, que abogaron por una visiónmás gerencialista de la administración pública, que derivó en la proposición de crear un comité directivo en cada SLE. 34 Si bien la Ley 20500/2011, sobre Asociaciones y de Participación Ciudadana, representó un avance en términos de participación en instancias de la administración pública, enfrentó en su debate las mismas complejidades que la nueva educación pública, principalmente por el temor a que la participación ciudadana pudiera diluir las responsabilidades de quienes están a cargo de un determinado servicio público. 35 Además, en la Cámara deDiputados se aprobó una norma para que, concluido el traspaso de todos los servicios, y en atención a criterios dematrícula, número de establecimientos, y distancia y conectividad, el director o direc- tora de Educación Pública pueda proponer al Ministerio de Educación la revisión del número y composición de los servicios, sin alterar el marco financiero de la ley. De estamanera, se aseguró que la cantidad de SLE pudiera ser actualizada en el futuro para un mejor funcionamiento del sistema.