Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

CAPÍTULO1 : Evolucióny contextode las políticas educacionales sobre la educaciónpública enChile 33 Desde un punto de vista del enfoque de política educacional en la base de estos cambios, el marconormativo aprobado el 2009 –vigente hasta hoy– consagró lo que en la literatura comparada se reconoce como “reformas basadas en estándares” (Hargreaves y Shirley, 2012), caracterizadas por la generación por parte del Estado de ciertas exigencias de calidad (a nivel de procesos y resultados escolares) para los prestadores educacionales, que se evalúan de manera periódica –con gran centralidad de las pruebas de aprendizaje estandarizadas– y cuyo incumplimiento puede derivar en un conjunto de consecuencias para los centros educativos (incluido el cierre de losmismos). Esta lógica, que también ha sido conceptualizada como “Estado Evaluador” (Maroy 2009; Martinic 2010), comenzó a convivir entonces en Chile con otros elementos preexistentes, propios de las dinámicas de mercado en educación (como la subvención por alumno, la com- petencia entre centros por acceder a ese financiamiento y la posibilidad de obtener ganancia económica con la educación), lo que configuró un escenario híbrido de políticas educacionales. En síntesis, fruto de las reformas originadas en lasmovilizaciones sociales del 2006, procesadas políticamente y con resultados el 2009, se mantuvo en lo sustantivo un sistema educacional de mercado, aunque con regulaciones que apuntaban, por la vía de los incentivos y las sancio- nes asociadas a evaluaciones externas, a corregir algunas de las falencias de dicho mercado y garantizar niveles mínimos de calidad en el servicio educacional (Bellei y Vanni 2015; Parcerisa y Falabella 2017) 12 . Este proceso de ajuste del sistema educacional omitió –en parte debido a que la propia negociación política entre actores así lo estableció –un conjunto de otros aspectos relevantes que el propio Consejo Asesor Presidencial, pero también la evidencia especializada, había des- tacado como necesarios de abordar. Es así como, por ejemplo, no se terminó con el lucro en la educación general (a pesar de estar prohibido en el nivel superior), se dejó la ventana abierta para la selección de estudiantes por parte de los sostenedores, no se abordó el desafío de mejorar la formación y el desarrollo de los docentes y directivos del sistema escolar, y tampoco se incluyó en el diseño general una reforma estructural de la educación pública. Con todo, a fines del año 2008 el gobierno deMichelle Bachelet presentó un proyecto de ley que apuntaba amodificar la institucionalidad de la educación pública 13 . Este proyecto consistió básicamente en una propuesta de desmunicipalización general (debido a que no se hacía cargo de detalles fundamentales del traspaso o la transición al nuevo sistema), cuya principal caracte- rística era la conformación de Corporaciones Locales de Educación Pública (CLEP). Éstas serían entidades de derecho público, autónomas, con personalidad jurídica, financiamiento fiscal y patrimonio propio, cuyo objetivo sería brindar el servicio educativo a través de los establecimientos educacionales a su cargo. Estas entidades, de dedicación exclusiva a la provisión educacional, 12 De esta forma, el Estado produciríamercados en bienes públicos (educación escolar), a través del financiamiento competitivo por alumno, junto con la creación de “artefactos” que asignan demanera centralizada un valor a la oferta escolar (puntajes, rankings, clasificaciones de “calidad educativa”), construyendo por esta vía jerarquías, diferenciaciones y sentido de competencia tanto por el financiamiento como por el prestigio simbólico (Parcerisa y Falabella 2017). 13 Este proyecto fue el resultado de un acuerdo al interior de la coalición de gobierno, fruto de la presión de los sectores más progresistas de dicha coalición por no dejar fuera a la educación pública de las transformaciones que el ejecutivo estaba acordando con la oposición. Este acuerdo estableció el compromiso por fortalecer la educación pública a través de medidas administrativas (como la creación de fondos y programas especiales para la educación pública) y legislativas (que redefinieran la institucionalidad municipal).