Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

198 NuevaEducaciónPública: Contexto, contenidos y perspectivasde ladesmunicipalización de mejorar la calidad y la equidad de la educación nacional se asocien inextricablemente al compromiso por fortalecerla. ¿Escoherentelanuevaeducaciónpúblicaconelarregloinstitucionaldelsistemaescolarchileno? LaNEP busca encarnar nuevos principios para la educación escolar chilena, los cuales no siempre son coherentes con el conjunto de la institucionalidad. Al intentar resituar a la educación pública en el centro del sistema educacional; asignarle valores, principios y una misión especial, y pro- mover nuevas formas de trabajo y cooperación entre los niveles nacional, local y de escuelas, así como entre estas mismas, la NEP es una pieza importante en el intento por superar la lógica de mercado en la educación escolar. Sin embargo, algunos componentes persisten y la pregunta es en quémedida pueden constituirse en una limitación para que laNEP se desarrolle y, más en general, produzca los beneficios sistémicos que de ella se esperan. Estas incoherencias se expresan en dimensiones clave de la institucionalidad y las políticas educacionales. Por ejemplo, que las escuelas sigan siendo financiadas a través de un voucher que estimula la competencia entre ellas y promueve un comportamiento con lógica de mercado entre las familias, en un régimen de completa libertad de elección escolar, que no hace distingos entre establecimientos públicos y privados, ni por zona de residencia; y que las escuelas privadas reciban lamisma subvención por alumno que las públicas sonmecanismos típicos de promoción del mercado en la educación. Por cierto, parte de dichas dinámicas han sido mitigadas por la Ley de Inclusión, pero algunas muy relevantes —como las mencionadas— persisten e incluso pueden acrecentarse como consecuencia de dicha normativa, dado que ésta fortalece la elección escolar. Un asunto crítico es la necesidad de racionalización y planificación territorial de la oferta educativa financiada por el Estado, lo cual supone que una autoridad pública controle la apertura y crecimiento de las escuelas privadas subvencionadas por el Estado, cuestión que quedó solo marginalmente resuelta en la Ley de Inclusión y que pone en directa tensión las atribuciones y obligaciones de los SLE con los intereses de los proveedores privados y las funciones del MINE- DUC a nivel local. Además, algunas de las atribuciones de las nuevas instituciones, como la Agencia de la Calidad, también parecen inconsistentes con un régimen de provisión pública de la educación. Por ejemplo, la posibilidad de que, como consecuencia de las evaluaciones de la Agencia, se pueda ordenar mecánicamente el cierre de establecimientos públicos resulta incoherente con un sistema en el cual los SLE son los responsables de estimar y organizar la oferta local sobre la base de las necesidades educacionales de la población. En otras palabras, si el SLE concluye que se necesita que una escuela exista en un territorio, el desafío de mejorar su calidad debiera ser adicional a esta decisión. Por cierto, esto no impide que las autoridades locales o escolares se hagan responsables de la calidad de las escuelas públicas, pero la vía del cierre no parece una forma razonable de implementar esa responsabilidad, pues se trata de un mecanismo más consistente con un sistema de provisión privada. Así, en sus niveles nacional y local, la NEP tendrá la tarea de «filtrar» y «traducir» las políti- cas nacionales a la especificidad de la educación pública, pero en el cumplimiento de sumisión también deberá continuar identificando los aspectos institucionales del marco regulatorio del sistema educacional chileno que sean incoherentes con sus principios y eventualmente limiten su labor. Superados los problemas más graves causados por el mercado desregulado, el