Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

CAPÍTULO4: LANUEVA EDUCACIÓNPÚBLICACHILENA 167 tareas del Ministerio de Educación. En términos formales, se trata de introducir una agencia con un objeto único dentro del Ministerio, en vez de añadirle una atribución a una agencia multipropósito como el Ministerio de Educación. Esto evita que el Ministerio tenga un exceso de atribuciones administrativas que generan un nivel de burocracia que termina ralentizando la gestión. La existencia de distintos propósitos administrativos también produce competencia al interior de las distintas divisiones y departamentos de dichas agencias administrativas. Pon- derando los criterios técnicos descritos —aclarar la rendición de cuentas, y evitar la generación de competencia y burocracia—, la DEP es una agencia con un objeto único. Además, dada la relevancia de la provisión de educación pública para el desarrollo del país, el vínculo del servicio con el Ministerio es sólido y estrecho. La Dirección de Educación Pública además rinde una cuenta pública anual sobre el estado y las proyecciones del Sistema de Educación Pública en su conjunto. Esto favorece que exista una visión nacional que supera la atomización que ha existido hasta ahora. Finalmente, la ley mandata que la DEP coordine la relación de los servicios locales con el Ministerio de Educación, así como con otros órganos de la Administración del Estado, cuando su acción sea requerida para la adecuada provisión del servicio educacional. *** En resumen, la nueva educación pública inaugura un sistema de gobernanza nacional para la educación escolar chilena, que dota al sistema de una institucionalidad nacional que tiene la función de coordinar a las instituciones y los establecimientos del sector público, a través de una estrategia de largo plazo que utiliza un conjunto de herramientas para garantizar que la calidad y la cobertura de la provisión de educación públicamejore sostenidamente. Si bien esta provisión es responsabilidad directa de las escuelas y los SLE, este nuevo marco institucional nacional genera oportunidades de distinto tipo para potenciar los procesos que están en su base con un horizonte de equidad territorial. Referencias Ackerman, J. M. (2005). Human rights and social accountability . Participation and Civic Engagement, Social Development Department, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, World Bank. Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farrell, P., Frankham, J., Gallannaugh, F., Howes, A. and Smith, R. (2005). Improving Schools, Developing Inclusion . London: Routledge Falmer (in press.) Anderson, S. (2006). The School District’s Role in Educational Change. International Journal of Educational Reform , (15):1:13-37. Batley, R., McCourt,W. &Mcloughlin, C. (2012). The politics and governance of public services in developing countries. Editorial, Public Management Review , 14(2):131-144. Bellei, C., &Vanni, X. (2015). Chile: The Evolution of Educational Policy, 1980-2014. In S. Schwartz- man (Ed.), Education in South America. Education around the world, London: Bloomsburry Pub- lishing, pp. 179-200.