Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

CAPÍTULO3 : Lapropuestade creacióny el debate entornoa lanueva institucionalidad 107 Quienes vieron en la NEP una oportunidad para terminar con el voucher 43 insistieron en la idea de que el sistema de financiamiento vigente ponía en peligro el objetivo de for- talecer la educación pública. Consecuentemente, estos actores propusieron un cambio en la legislación, a través de una indicación que creaba un sistema de financiamiento basal estimado a partir del costo real de las escuelas y determinado «según matrícula, remu- neraciones de trabajadores de la educación, características de la población que atiende, infraestructura, equipamiento, materiales según las modalidades educativas, distancia y transporte de sus estudiantes». Si bien el Gobierno se mostró de acuerdo con la idea general de modificar el mecanismo de financiamiento de la educación escolar 44 , esta indicación de los parlamentarios fue declarada inadmisible 45 . Otra de las posiciones propuso la idea de crear un financiamiento especial para la educación pública. Especialmente, las asociaciones municipales y los actores que no con- sideraban necesaria la desmunicipalización mostraron preocupación por reemplazar o sostener los aportes que hasta ese momento realizaban algunas municipalidades. A este grupo se sumó el pragmatismo que planteaba que no existían las condiciones políticas ni el tiempo para modificar el sistema de financiamiento general de la educación 46 y, por lo tanto, era razonable mantener el sistema de subvenciones. Fruto de esta discusión, el proyecto experimentó fundamentalmente dos cambios. Durante la tramitación en la Cámara de Diputados, el Gobierno propuso la extensión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 47 hasta el año 2022, con una disminución progresiva a contar del año 2020, la cual fue aprobada. Luego, en el Senado, se introdujo un nuevo fondo, denominado Programa de Fortalecimiento de Educación Pública, que estableció por ley la provisión anual de al menos 130 mil millones de pesos especialmen- te destinados al mejoramiento de la NEP, los cuales serán asignados por la Dirección de Educación Pública a los servicios locales de manera directa o a través de otros organismos 43 Dentro de esta posición, además de las organizaciones gremiales, se encontraban los ex dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), además de Cristina Girardi (PPD), todos diputados de la Comisión de Educación de la Cámara. 44 Las autoridades del MINEDUC plantearon en ese momento que un cambio estructural al financiamiento obli- garía a revisar el del sector privado, lo que implicaba alejarse de los ejes sustantivos del proyecto y complejizar la tramitación legislativa. La entonces ministra Adriana Delpiano señaló ante la Cámara: «Esta iniciativa altera sustantivamente el mecanismo del voucher , es decir, la forma de entregar la subvención. No estamos conformes, y por ello estamos disponibles para estudiar otras fórmulas—hay un equipo trabajando en la materia—; pero al respecto tampoco se debe introducir una condicionante en el presente proyecto. Estamos hablando de un deseo, un compromiso de estudiar el caso. Incluso más, en relación con este aspecto hemos hecho un llamado a los parlamentarios para que nos presenten propuestas para garantizar la entrega de recursos a la educación pública y particular-subvencionada mediante una fórmula distinta a la del cálculo por asistencia». 45 Esto, debido a que los parlamentarios no pueden proponer indicaciones o mociones que impliquen un mayor gasto para el Estado. Una indicación de este tipo solo puede ser propuesta por el Ejecutivo. 46 Entre quienes destacaba Carlos Montes (PS), miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. 47 Este fondo había sido aprobado en la Ley de Inclusión, y comprometía de manera transitoria 250 millones de dólares anuales para mejorar la educación pública (e.g. mejoramiento de capacidades de gestión educativa municipal; inversión en recursos e innovaciones pedagógicas; normalización de los establecimientos; manten- ción y mejoramiento de inmuebles, equipamiento y mobiliario; saneamiento financiero; transporte escolar y servicios de apoyo) y organizar la transición hacia la NEP.