Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización
106 NuevaEducaciónPública: Contexto, contenidos y perspectivasde ladesmunicipalización Carlos Montes, en una de las sesiones de la Comisión de Educación del Senado afirmó en esta línea: «No queda claro cómo los cambios institucionales que imprime la NEP se van a traducir en un cambio del concepto de educación. Me parece que hay algunos elementos implícitos en la ley que se podrían orientar hacia una visión más humanista de la educación, pero la ley en sí no lo garantiza». Esta idea general de que el cambio de sostenedor y la creación de un nuevo nivel intermedio no afectaría la calidad cruzó toda la tramitación del proyecto y, pormomentos, se transformó en una discusión prioritaria, aunque en general los actores que hicieron esta crítica no propusieron una solución legislativa concreta al respecto. El Ejecutivo respondió a este punto planteando i) que de acuerdo con la evidencia internacional (como la comentada en el capítulo 4), el tipo de institucionalidad y las características del «nivel intermedio» sí tenían un efecto—indirecto, pero muy importante—en los procesos y los resultados escolares, y ii) que el proyecto de todas formas incorporaba algunos aspectos que afectarían directamente la calidad, como el fortalecimiento de la función directiva, el trabajo en red o el foco en el apoyo técnico que tienen los servicios locales de educación, a lo que luego se sumaron algunos aspectos aún más concretos sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas. e. Financiamiento de la nueva educación pública El informe financiero del proyecto originalmente proponía —además de los montos comprometidos para la instalación y la transición— 201 730 millones de pesos (año 2016) que serían asignados vía Ley de Presupuestos para la operación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación, inaugurando de esta manera un financiamiento basal directo para la NEP. Esto permitiría, además, liberar recursos de las subvenciones escolares dirigidas a la educación pública que estaban siendo utilizados en la administra- ción central municipal 42 . Si bien esta asignación vía presupuesto de recursos (i.e. independientemente de la subvención a la demanda) significaba un avance importante en la estructura de financia- miento de la educación pública, durante la tramitación, diversos actores plantearon su insuficiencia, debido tanto al desequilibrio financiero que arrastraba la educación estatal como a la necesidad de fortalecer y reconstruir el sistema público. Esta posición se plan- teó amplia y transversalmente. Gremios como el Colegio de Profesores, la organización estudiantil CONES, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (ANDEPA) y distintos representantes del mundo académico, fundaciones y parlamentarios de la propia coalición de gobierno argumentaron sobre la necesidad de repensar el sistema de financiamiento para la nueva educación pública. Las posiciones críticas tenían matices y abarcaban desde quienes planteaban el fin al voucher como complemento indispensable de la NEP hasta otros que solo reforzaban la necesidad de crear un financiamiento especial para la educación pública, de manera de aumentar los fondos disponibles para el desarrollo de este nuevo sistema. 42 Según las estimaciones del MINEDUC, durante 2016, cerca del 10%del total de las subvenciones recibidas por los municipios ibadirigidoa cubrir gastos operaciones ydeadministracióndel nivel intermedio.
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