Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

CAPÍTULO3 : Lapropuestade creacióny el debate entornoa lanueva institucionalidad 105 ron unamayor presencia de los actores de la escuela en la ley NEP, lo que se tradujo en nuevas y específicas atribuciones para dos órganos que canalizan la participación en las escuelas: el consejo de profesores y el consejo escolar. Complementariamente, la discusión también se concentró en el nivel de autonomía que tendrían las escuelas y sus directores respecto al servicio local. Al respecto, sobre todo algunos senadores 40 y expertos educacionales plantearon que el proyecto localizaba demasiadas funciones educativas en el nivel intermedio, despojando de responsa- bilidad y margen de acción a los directores de escuela 41 . Fruto de esa discusión, el Parlamento sancionó un conjunto de nuevas atribuciones para los directivos de cada establecimiento (e.g. elaborar y proponer los PEI y los PME, decidir la contratación de personal, y proponer los perfiles profesionales docentes), al tiempo que definió explícitamente cuándo algunas decisiones del servicio local debían ser consultadas con ellos. Además, durante la tramitación en el Senado, se creó la figura de una «conferencia de directores», espacio destinado a facilitar el diálogo entre el nivel intermedio y los directores de los establecimientos educacionales, y a promover la cola- boración entre estos últimos. También fue objeto de debate legislativo la función de apoyo técnico a los establecimien- tos educacionales públicos, que el proyecto asignó a los servicios locales de educación, en el entendido de que uno de los desafíos de la nueva institucionalidad era precisamente unificar en un mismo organismo aquellas funciones que la municipalización había separado: la admi- nistrativa (municipio) y la técnico-pedagógica (MINEDUC). Algunos parlamentarios, en parte debido a la preocupación que la Asociación de Funcionarios del MINEDUC (ANDIME)manifestó desde el inicio de la tramitación, plantearon que con la creación de los SLE se reemplazaba esta función de los DEPROV, debilitando el trabajo territorial del Ministerio de Educación. De hecho, siguiendo una propuesta del propio gremio, se planteó que la dependencia administrativa de las escuelas pasara al nivel provincial del MINEDUC (y no a una nueva entidad), lo que también permitiría reunir ambas funciones en un solo organismo, esta vez el DEPROV. Para el Ejecutivo, esta solución producía una confusión e incluso una incompatibilidad de roles, almezclar las tareas del «rol rector» que tiene el MINEDUC respecto a todo el sistema con las de administración del sistema escolar público. Finalmente, los parlamentarios apoyaron la idea original del proyecto de trasladar a los nuevos servicios locales de educación la función de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas públicas. Por último, una de las críticasmás recurrentes que enfrentó el proyecto—desde la oposición política, pero tambiéndesdeparlamentarios del oficialismo y algunos actores del sistema escolar, comoel gremiodocente—fueque su carácter esencialmente institucional noafectaría los procesos escolares y, por tanto, no contribuiría amejorar la calidadde la educaciónpública. Como planteó el diputado Jaime Bellolio en una sesión de discusión del proyecto, «no se va amejorar la calidad por el solo hecho de agruparmunicipios y afirmar que se aplicarán economías de escala o de ámbito». Complementariamente, otros actores plantearon que en la base de la NEP debía producirse un «cambio de paradigma educativo», lo que no habría sido considerado en su diseño. El senador 40 IgnacioWalker (DC), Andrés Allamand (RN) y Ena von Baer (UDI). 41 José Joaquín Brunner, por ejemplo, planteó que «el sistema educativo chileno ha alcanzado un grado demadurez suficiente como para traspasar gradualmente más responsabilidades a los establecimientos, junto con apoyo al desarrollo de sus capacidades, con el fin de que mayores grados de autonomía les permitan transformarse en organizaciones que aprendan continuamente e innoven».