Opinión pública contemporánea: otras posibilidades de comprensión e investigación

192 – Opinión pública contemporánea A pesar de lo anterior, se ha experimentado un uso cada vez más extendido de la encuesta telefónica. Esto supone serios problemas de cobertura y representatividad en encuestas político-electorales, fenómeno que se agrava en los niveles socioeco- nómicos más bajos, que quedan inevitablemente sub-representados en las muestras telefónicas. Además, la probabilidad de contestar un teléfono fijo es mayor para las personas que pasan más tiempo en la casa, como las dueñas de casa o las personas mayores (Poveda & Sánchez, 2013). En referencia a las preguntas, es necesario (a) que ellas estén redactadas de ma- nera neutra, de modo de no inducir la respuesta en una determinada dirección y (b) que el entrevistado esté mínimamente informado sobre el hecho, persona o noticia respecto de la cual se solicita su opinión o juicio. Muchas veces se formulan pregun- tas que suponen o que “idealizan” a un ciudadano sobre-informado en todos los asuntos de interés público y, por lo tanto, capaces de dar una opinión racional sobre temas que, además de haberse informado, serían parte de su interés como ciudada- nos responsables. George Gallup, el precursor de las encuestas de opinión afirmaba que “el pueblo no tiene el tiempo ni la voluntad de considerar todos los problemas a los que se enfrentan sus gobiernos… los ciudadanos solo pueden emitir un juicio sobre cuestiones muy generales de política pública” (Gallup, 1939/2012). Citamos dos notables ejemplos de esta idealización del ciudadano: En una encuesta El Mercurio Opina del 20 de Abril del 2014 (Valenzuela, 2014) se formuló la siguiente pregunta: “¿Usted cree que la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene fundamentos jurídicos sólidos?”, frente a la cual el 76,2% de los entrevistados respondió NO. Agreguemos que se trata de una encuesta de 400 casos a teléfonos fijos de la Región Metropolitana. Caben al menos las siguientes interrogantes: • ¿Es la muestra realmente representativa y de tamaño suficiente para reflejar la opinión de “los chilenos”? • ¿Cuántos de los entrevistados que respondieron están realmente informados sobre la demanda boliviana como para evaluar su fundamento jurídico? Es ob- vio que muy pocos. • ¿Está formulada la pregunta con neutralidad tal en su redacción como para no generar un sesgo que incline la respuesta en una determinada dirección? Que- dan serias dudas al respecto. • ¿Cuál fue la verdadera motivación para hacer esta pregunta: recoger el estado de la opinión pública sobre el tema de la demanda boliviana o contribuir a crear una opinión pública adversa a esa demanda? El segundo ejemplo de sobreidealización del ciudadano informado lo propor-