Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

72 marido (Grimm y Estevam, 2018) debido a la división sexual del trabajo, feminización y desvalorización del trabajo reproductivo, mientras que los hombres están a cargo del trabajo productivo (Federici, 2017; Federici, 2019; Campos, 2011). Según Siliprandi y Cintrao (2011), incluso con una presencia significativa, esta participación de mujeres agricultoras en programas de agricultura familiar en muchos casos se da de forma anónima. El porcentaje de mujeres registradas formalmente como proveedoras en sus diferentes modalida- des está muy por debajo del porcentaje de mano de obra femenina empleada en la producción. Las prácticas discriminatorias y violentas hacia las mujeres rurales se encuentran a menudo, de manera naturalizada. La interpretación de que el dueño del proyecto tiene que ser el hombre, por ser el jefe de familia, son hiejemplos de este comportamiento, que esconde a las mujeres al momento de llenar los documentos. (Siliprandi y Cintrao, 2011). Estos problemas no solo hacen que los datos oficiales no sean representativos de la realidad, sino que también afectan directamente la vida de las propias agri- cultoras, que pueden, por ejemplo, mantenerse al margen de los órganos representativos con derecho a voto, dentro de los programas y asociaciones. Todos estos enfoques refuerzan la invisibilidad de las mujeres como agentes económicos y productivos en la agricultura familiar, contribuyendo a que su espacio dentro de la unidad productiva y la familia continúen como un espacio subordinado y hacién- dolas víctimas de la pobreza. Este hecho, sumado a la lentitud y burocracia en la aprobación de medidas que incentiven la participa- ción femenina en los programas gubernamentales orientados a la agricultura familiar, evidencia toda la lucha que aún existe por alcanzar estándares de mayor igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad (Grimm y Estevam, 2018). Así, la tendencia a cambios en las políticas públicas sólo existen gracias exclusivamente a la presión de las propias mujeres. Diversos logros de las mujeres en el sentido de la igualdad de género, además de fortalecer su ciudadanía y tener un impacto concreto en sus vidas, les han permitido figurar formalmente en los contratos del PAA, como el acceso a documentación per- sonal, tenencia de tierras, inclusión. de su nombre en las facturas de productos agrícolas, la posibilidad de asociación con sindicatos y cooperativas (Siliprandi y Cintrao, 2011). Las experiencias productivas y comerciales realizadas por grupos de mujeres, la venta en ferias, o incluso su presencia en discusiones sobre la provisión de comida en escuelas, son ejemplos de esta participación activa y creciente de las mujeres rurales en los espacios. importante para la afirmación de la agricultura familiar como base para la promoción del desarrollo local. Además, Siliprandi y Cintrao (2011), afirman que la baja participación formal de las mujeres en los programas, señala que es nece- sario superar la identificación que normalmente se hace entre agricultura familiar - familia - cabeza de familia - marido. Ante el actual contexto pandémico, aún no se han entregado los R$ 500 millones destinados al PAA, además, el presidente Jair Bolsonaro no ha puesto a disposición R$ 600,00 en ayuda emergencia a la clase de la agricultura familiar. Las mujeres rurales que son la mayoría de los productores de PAA son las que más sufren por este abandono del gobierno. Leonel Wholfhart (2020) afirma que los programas de compras públicas son la base de las comunidades. Además, no solo garantizan la distribución de to- neladas de alimentos agroecológicos, estos programas también son aliados en la protección ambiental del país, ya que las cooperativas lideradas por mujeres, de la agricultura de subsistencia, conservan los bosques con sus huertas y plantaciones. Vale decir que, la necesidad de fortalecer la agricultura campesina durante la pandemia llevó a la crea- ción del Proyecto de Ley 735/2020, la Ley de Emergencia de Agricultura Familiar, que fue aprobada por unanimidad por el Senado nacional. Es un paquete de medidas para garantizar la compra de agricultura familiar durante la calamidad pública y la producción de alimentos en la pospandémica. La ley, deno- minada Ley Assis Carvalho, continuó para sanción presidencial luego de cuatro meses de articulación