Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

68 genera una demanda de compra constante para el agricultor(a) durante los 10 meses referidos al ciclo escolar. El PAA tiene un alcance más amplio, además de atender a las escuelas públicas, brindar ali- mentos a las entidades de asistencia social y personas en condiciones de vulnerabilidad, y está vigente durante todo el año. En contraste, sigue un camino burocrático que retrasa la entrega de recursos a los agricultores y agricultoras - los proyectos elaborados por las asociaciones dependen de la aprobación de las superintendencias estatales de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), y posterior- mente del Ministerio de Ciudadanía. Ambos programas tienen como objetivo apoyar y fortalecer, a nivel local y regional, las capacidades sociales para promover el desarrollo y la inclusión económica, en las que las propias organizaciones de agricultores familiares llevan a cabo iniciativas sostenibles (Cunha et al., 2017). Al promover la biodiversidad y la producción orgánica y agroecológica para atender las demandas instrumentalizadas por los programas, juegan un papel vital en el establecimiento de la se- guridad y soberanía alimentaria en Brasil y en un desarrollo más sostenible. Las políticas públicas brasileñas, en particular el PAA y el PNAE, fueron fundamentales para reducir las desigualdades y, sobre todo, el hambre. Representando un gran logro, en cuanto al derecho a la salud y la alimentación. Con todo, desde el golpe legal-parlamentario de 2016, representado en el im- peachment de la Presidenta Dilma Rousseff, Brasil ha experimentado varios retrocesos en términos de democracia y derechos humanos. Existe una disputa de narrativas que, en una de sus consecuencias, se traduce en un replanteo de lo que es “seguridad alimentaria” para Brasil. Como resultado, hay una serie de inflexiones en las políticas públicas, avanzando cada vez más hacia la coronación de un sistema alimentario excludente, insostenible ambientalmente y sin ganancias nutricionales. En relación con eso, existe un gran fortalecimiento de las estructuras del Régimen Corporativo de Ali- mentos, lo que se traduce en una fuerte articulación gobierno-agronegocio, en la valorización de las grandes cadenas de supermercados y en la extrema mercantilización de los alimentos y sus distribu- ciones masiva-globalizadas (Montiel y Neira, 2014). Dichos retrocesos se materializan en el desman- telamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario, de la Dirección de Políticas para las Mujeres Rurales, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de los programas PAA y PNAE - con medidas de austeridad fiscal y reducciones significativas de acciones presupuestarias -.en los últimos cuatro años. Además, cabe destacar los cambios en su diseño. En el PAA, por ejemplo, hay una fuerte pérdida de protagonismo de las asociaciones y cooperativas de agricultores familiares, en que las unidades ejecu- toras, es decir, los órganos municipales y estatales, comienzan a asumir una posición central. Estos, a su vez, favorecen una individualización, ignorando la organización comunitaria y el tejido organizativo social del campo, especialmente los encabezados por mujeres. Otro punto importante es la valorización de la modalidad de “compra institucional” - que se destina a hospitales, cuarteles, cárceles, restaurantes universitarios y otros - en la cual hay una tendencia de concentración en los segmentos más estructura- dos de la agricultura familiar, dado el volumen y condiciones de demandas, excluyendo a los pequeños productores y productoras más empobrecidos (FIAN, 2019).