Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

66 Cuando el expresidente Lula asumió su gobierno, con base en su nuevo diseño de hacer política (HORA, 2018), inició una serie de carpetas ministeriales orientadas a promover la agricultura familiar, destacamos la creación de la Secretaría Especial de Política para Mujeres (SPM) y la Dirección de Política para las Mujeres Rurales, perteneciente al extinto Ministerio de Desarrollo Agrario (DPMR / MDA). Am- bas carpetas sirvieron como canal de diálogo directo con el gobierno federal y buscaban la inclusión de una perspectiva de género, siendo fundamental para la consolidación de agendas con acciones directas en la inclusión social y productiva de estas mujeres. Según Hora (2018), es posible afirmar que el feminismo estaba entrando en la agenda de las agricul- tura familiar y reforma agraria, incluyendo a las mujeres en diferentes políticas públicas e incidiendo en nociones como participación, justicia y ciudadanía (Hora, 2018), contemplado en el horizonte an- drocéntrico, antropocéntrico y etnocéntrico (Montiel y Neira, 2014). Durante los gobiernos Lula-Dilma (2002-2016), las mujeres fueron reconocidas como sujetos sociales resultante del Programa Nacional de Documentación para Trabajadores Rurales (PNDTR) que buscaba promover el reconocimiento de su condición de trabajadoras y ciudadanas, y en cambios en los marcos legales de acceso a la tierras de mujeres - pasando de 24% a 70% del público beneficiado por la reforma agraria entre 2003 y 2014. Además, el reconocimiento legal de la Agricultura Familiar (Ley 11.326/06) y la Ley de Asistencia Técnica y Extensión Rural en La Agricultura Familiar y Reforma Agraria (Ley 12.188/10) contribuyó a apoyar y ofrecer servicios específicos para la mujer rural, con el objetivo de desarrollar actividades económicas sostenibles y aumentar el acceso al crédito de la mujer rural en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf) (Butto y Hora, 2008, apud Hora, 2018). El acceso a programas de asesoría técnica y organización productiva, así como los cambios operati- vos en el PAA, permitieron el acceso de las mujeres campesinas a los programas de compras públicas (Hora, 2018). En el ámbito del Programa Brasil Sem Miséria, en la administración de Dilma Rousseff (2010-2016), las mujeres tenían derecho a varios beneficios de transferencia de ingresos - como el Bolsa Familia y Bolsa Verde, incluso programas de desarrollo productivo y acceso al agua para la producción. Cabe añadir que esta interacción en espacios institucionalizados de participación social fue de carácter permanente y no solo reconoció y valoró el rol de la mujer en la agroecología, sino también respondió a las demandas de los movimientos sociales de mujeres rurales, mostrando la importancia del Estado y de las políticas públicas para promover la autonomía y combatir las desigualdades de género en el ám- bito público y privado (HORA, 2018). Mismo con estos avances, las mujeres campesinas siguieron carac- terizándose, en muchas esferas, como sujetos pasivos económica y políticamente debido a las división sexual del trabajo y devaluación del trabajo reproductivo perpetuando el fenómeno de feminización de la pobreza derivado del neoliberalismo (Federici , 2017; Federici, 2019; Campos, 2011). POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, MUJERES AGRICULTORAS Y LOS IMPACTOS DEL COVID-19 La trayectoria brasileña de construcción social de la Seguridad Alimentaria y Nutricional difiere de la concepción internacional. En las últimas décadas, especialmente en los gobiernos de Lula y Dilma, Bra- sil ha impulsado una construcción social de un concepto de política pública de Seguridad Alimentaria con características intersectorial y participativo. En consecuencia, el Estado brasileño ganó notoriedad convirtiéndose en referencia internacional en el tema, tanto por la aproximación entre el gobierno y la sociedad civil, cuanto por la valorización de otras referencias como la Soberanía Alimentaria y el De- recho Humano a la Alimentación, que cambiaron sustancialmente la producción de políticas públicas, poniendo un principio de derecho a las leyes de mercado. En la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil se destacan dos programas, el PAA y el PNAE. Estos se articulan con las políticas sociales de educación y salud. Además, juegan centralmente en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En este sentido, estas políticas han ganado un gran re-