Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

34 de autoridad política pero no logran generar nuevas instituciones al mismo ritmo, lo cual trae como consecuencia una importante inestabilidad política. Más aún, Huntington afirma que la política exterior estadounidense ha sido incapaz de enfrentar este asunto al haber centrado su estrategia en mejorar “la brecha económica”, siendo prácticamente inexistentes las acciones tendientes a contrarrestar “la brecha política”. Esto porque se esperaba que la estabilidad política fuera la consecuencia natural del desarrollo económico, lo cual se encontraba en la base de la lógica de los programas de asistencia internacional estadounidenses. El autor identifica esta concepción como errónea y plantea que desarrollo económico y estabilidad política son metas inde- pendientes, por lo que el progreso hacia una de ellas no necesariamente está asociado con el progreso hacia la otra. Por otra parte, Alonso, Glennie y Sumner (2014) afirman que, “a medida que ascienden en la escala de renta, los países tienden a estar afectados menos por las carencias absolutas y más por las asimetrías y estrangulamientos generados en su proceso de desarrollo” (p. 5). Los factores más analizados tienen que ver con dificultades asociadas al cambio tecnológico y productivo y a la competitividad internacio- nal, tanto a nivel de bienes manufacturados como de alto valor agregado (en el primer caso, debido a los altos costos de producción y, en el segundo, a las relativamente bajas inversiones en capital humano e innovación). Por el contrario, se observa que la especialización productiva de dichos países continúa basada en sectores relativamente intensivos en recursos naturales y trabajo no calificado. Otros desa- fíos, a los que los autores se refieren como “trampas de renta media”, tienen que ver con la transfor- mación de los patrones energéticos y tecnológicos, la (in)estabilidad macroeconómica e integración financiera internacional y la necesidad de cambios asociados a instituciones más complejas, eficientes y de mejor calidad. Adicionalmente, los autores plantean que los países que ven mejorado su INB per cápita, en general, requieren importantes volúmenes de financiamiento para superar problemas de desarrollo relevantes, como la pobreza no extrema y carencias de infraestructura sostenible, del cual en general no disponen. En la misma línea, un estudio elaborado por CEPAL sobre países de renta media (2012) plantea que el concepto de desarrollo no debe circunscribirse al aumento del ingreso per cápita. Ello en el entendido que se trata de un concepto multidimensional que incluye la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico y sostenible, así como la promoción de condiciones para la creación y el establecimiento de sistemas políticos, sociales y económicos equitativos. Considerar exclusivamente los niveles de in- greso es reduccionista, en tanto se generan agrupaciones de países con circunstancias más o menos diferentes en términos de los desafíos de desarrollo que afrontan. En este marco, se propone un nuevo enfoque basado en “brechas estructurales”, entendidas éstas como aquellos elementos que limitan el desarrollo de los países de renta media que ya alcanzaron ciertos umbrales de ingreso. En particular, se destacan las características que asumen en la región latinoamericana fenómenos tales como desigual- dad, inversión, productividad, innovación, infraestructura, educación, salud, fiscalidad y ambiente. Lo anterior es coherente con el paradigma de desarrollo contenido en la Agenda 2030 para el Desarro- llo Sostenible, adoptada en setiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”. Según Costafreda y Cortés Sáenz (2020), “la Agenda 2030 representa, en varios sentidos, una oportunidad para la cooperación con los países de renta media”. Ello en tanto la multidimensionalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados son coherentes con muchas de las brechas estructurales identificadas, al tiempo que su enfoque resalta la relevancia de la provisión de bienes públicos regionales y globales, sobre los que los países de renta media pueden realizar aportes relevantes.