Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

163 res no estatales en las discusiones sobre la materia. Para Leiza Brumat (2019), se produce una lucha de poder entre actores “pro-derechos humanos” y actores “securitistas”, por lo que la inmigración estaría más presente en los discursos públicos en América del Sur y, con ello, más politizada. Se han produci- do marchas y contramarchas relativas a este ámbito y, en específico, a la regularidad migratoria de la población foránea (Nicolao, 2015). A lo anterior se suma la relación con Estados Unidos, cooperativa o de contraposición, que hará que su discurso pueda permear también las políticas domésticas de los Estados latinoamericanos. Vemos que, por un lado, se han conformado importantes espacios de cooperación y diálogo respecto a las políticas migratorias, algunos de los cuales han derivado en instrumentos de gestión conjunta y categorías migratorias aplicables a nacionales de un conjunto de Estados, como es el caso del MER- COSUR. No obstante, por otro lado, producto de esta discusión y de los giros políticos de la región, las políticas migratorias resultan contradictorias en sí mismas, con una yuxtaposición entre apertura y cierre (Acosta, 2018 en Brumat, 2019): aplican una perspectiva de derechos humanos, pero mantienen el foco en el estricto control migratorio. Al parecer todavía no se ha superado del todo la dicotomía interno-externo (Nicolao, 2015), de modo que no solo falta una adecuada incorporación los compromisos regionales a la legislación interna, sino que los organismos de ejecución de política migratoria interna, en los distintos niveles, no aprehenden de igual manera dichos acuerdos en sus prácticas funcionarias. El control migratorio lleva consigo políticas selectivas, que distinguen la inmigración deseada según los intereses -principalmente económicos- del país de destino, construyendo políticas de control unilate- rales que resultan ineficaces por su poco realismo. Para Pablo Ceriani (2011), las políticas migratorias de la región poseen una visión instrumental, que se funda en un criterio utilitarista. Eduardo Domenech (2013) coincide con esta perspectiva, considerando que en América Latina han primado las “políticas de control con rostro humano”, fundadas en una jerarquización según cuán deseable es la población de tal o cual país de origen. Una perspectiva contrapuesta y más optimista es la de Lelio Mármora. Para él, los patrones migratorios cambiantes y la difícil respuesta de los Estados de América Latina a los flujos migratorios de fines del siglo XX originaron un momento de “desgobernabilidad migratoria” (Mármora, 2002), que promovió la búsqueda de respuestas en instancias de carácter bilateral y multilateral. Producto de estos procesos, Mármora (2010) considera que en América del Sur ha predominado el modelo de “desarrollo humano de las migraciones”, pues han primado los espacios de diálogo, los convenios bilaterales -de los cuales se cuentan más de 200 a la fecha (Mármora, 2003)- y la libre circulación de personas. Conclusiones Podemos señalar que el Régimen Internacional de Trabajadores Migrantes ha sido fuertemente in- fluenciado y direccionado por el acontecer en los países del Norte Global, y particularmente en Europa. La OIT figura como actor central durante el desarrollo del régimen, primero bajo la influencia de los intereses del empresariado, a comienzos del siglo XX, mientras que desde la década de los sesenta comienzan a incluirse como actores activos la sociedad civil y las ONGs. Sin embargo, a pesar de no compartir normativamente el principal instrumento normativo del régimen, que es la Convención In- ternacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, entre los actores principales del régimen siempre han estado los Estados europeos. Son relevantes pues figuran entre los principales receptores de flujos migratorios, por lo que sus posiciones y discursos afectan di- rectamente el efectivo reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes.