Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe

101 los refugiados, aún carece de políticas públicas contundentes que den respuesta integral al fenómeno de la migración. Teniendo en cuenta las disposiciones normativas de Colombia, se debe traer a colación la condición de la población venezolana que se encuentra en el país. Para tal fin, se recurre principalmente al Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés), el cual reporta las condiciones de necesidad y principales servicios desatendidos. Para el caso colombiano, los sectores más alarmantes son salud, integración y seguridad alimentaria. El estatus de migrante irregular o ilegal es una de las principales barreras en el acceso a los servicios de salud y la atención necesaria: esto afecta especialmente a las personas con enfermedades crónicas (Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, 2020). El tema de inseguridad alimentaria es alarmante en Colombia, con una cifra alrededor de 1,8 millones de personas en necesidad, este punto no sólo se refiere al limitado acceso a alimentos, sino también a la calidad de los mismos, lo cual tiene especiales consecuencias para las mujeres en estado de embara- zo (RMRP, 2020). A su vez, se debe llamar la atención sobre los procesos de integración ejecutados por el Estado colombiano, esto incluye no solo bienes materiales, sino canales institucionales que permita la recuperación y el uso efectivo de sus capacidades para generar ingresos suficientes y adecuados con base a la edad, el perfil social y/o laboral, y la vocación (RMRP, 2020), sumado a las condiciones de vi- vienda en donde hay hacinamiento y escasas medidas de higiene (Consejo Noruego para Refugiados, 2019). Es decir, una política de integración incluye la posibilidad de un trabajo formal, protección social, y campañas en contra de la xenofobia. PERÚ En cuanto a Perú, su Constitución Política de 1993 declara un Estado democrático de derecho que tiene una forma de gobierno republicana, y estipula que su eje constitucional es la persona humana y el res- peto a su dignidad, entendiendo esto como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Respecto a su marco jurídico frente a la migración, se encuentra, en primer lugar, la Ley N° 27.891: Ley del Refugiado del 2002, dentro de esta se define al refugiado como una persona que se vio obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia debido a vulneraciones de derechos humanos, conflicto interno, ocu- pación, o hechos que han perturbado profundamente al orden público; es importante mencionar, que dentro de esta ley, las personas que soliciten la categoría de refugiado pueden permanecer en el país hasta la definición de su situación. En esta misma línea, se promulga el Decreto Legislativo N° 1350 de 2017 que aprueba una nueva Ley de Migraciones del Estado peruano. Esto significa un giro en la manera en que se entienden los pro- ceso migratorios, y se enfoca en la garantía de derechos humanos, además de apostar por una visión holística de la migración, en donde se identifica que hay unas realidades familiares en dichos procesos. Este decreto reconoce las potencialidades de la migración, entendiendo que contribuyen al desarrollo de la nación además de contribuir a la diversidad cultural, por tal motivo, promover una migración se- gura es un imperativo para garantizar la libertad de tránsito internacional. Uno de los aspectos que se deben resaltar es el Principio de unidad migratoria familiar, bajo el cual se reconoce que la condición de migración muchas veces implica el traslado del núcleo familiar, que a su vez está conformado por niños y adolescentes que requieren especial atención, junto a una garantía de no separación de sus padres o acudientes responsables. También se plantea un Principio de no criminalización de la migración irregular, en donde el Estado formula y ejecuta su política migratoria bajo el principio de no criminalización de la migración irregular, siendo esto una expresión de la identificación de las vulnerabilidades y dificultades con las que llega