Policy Brief: La Política Nacional Rural 2020: aportes para el proceso constituyente

La concepción de la sustentabilidad de la PNDR tiene como desafíos claves proteger el medio ambiente o activar algu- nos recursos no usados. Ello exige, consultarle al COMICIVYT cómo concibe el medio ambiente, el territorio y qué relación tienen las comunidades en esa definición. La PNDR, definida como la primera en abordar los territorios rurales, promueve como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de territorios rurales. Analizar su conteni- do (Tabla 1 - ver Anexos), nos invita a reflexionar sobre las continuidades y puntos ciegos de la acción estatal frente a la realidad y dinámicas de desigualdad territorial, e incluso, la escasa articulación que existe en la relación urbano-rural. Al observar la Tabla 1, evidenciamos que la comprensión re- lacional y el centralismo en quiénes deciden la construcción de políticas cuestiona el supuesto paradigma de lo rural en la nueva PNDR. Con miras a un nuevo pacto territorial para los habitantes y paisajes de todo el país, la comprensión binaria, dicotó- mica, mono-escalar y sectorializada de las Políticas de De- sarrollo Territorial se configuran en uno de los sesgos más significativos, que evidencian por qué no dan garantías de acceso igualitario a bienes, recursos y acceso a diferentes comunidades, dimensiones que están en el centro de lo que comprendemos cómo desigualdad territorial. A continua- ción, ponemos en discusión aquellas dimensiones claves de la PNDR en el actual pacto territorial: a) Enfoque productivo La PNDR mantiene un enfoque productivo toda vez que avizora al territorio desde la “comodificación” de los espa - cios rurales. No basta con referir a un paradigma de lo ru- ral, cuando no hay reconocimiento a la diversidad de zonas rurales; al rol de cada comunidad; a las formas como ellas construyen su vida cotidiana. Si bien, la PNDR es una hoja de ruta que guía la planificación, debiese reconocer el rol vinculante de las comunidades rurales, así como estrategias que los transformen en actores activos de la construcción de políticas. La política mantiene un sesgo económico y productivista en tanto define como objetivo mejorar la competitividad de los territorios rurales, valorizar bienes locales, y promover la ex - plotación de recursos no usados. A diferencia de la “vieja noción de ruralidad” que vinculaba al Estado a través de sub- sidios, esta política promueve el uso de inversión como “la” herramienta de intervención territorial, pero no da garantía como ello evitará los constantes desplazamientos de comu- nidades y la degradación ambiental. Los principales enfoques de esta política tienen en el cen- tro la visión desarrollista que imperó la década de los ´90. No queda claro cómo se asegurará la competitividad de las áreas rurales, y cómo ello pondrá en cuestión la identidad y particularidad de los sistemas productivos rurales. Si bien, se alude a explotación de recursos no usados, ello evidencia una lógica extractiva del suelo rural, lo que va en contradic - ción con la mirada sustentable que aparentemente promue- ve la PNDR. También, debemos estar atentas a qué significa una “infraestructura estratégica” en zonas rurales, y cómo ellas podrían poner en riesgo procesos continuos de despla- zamiento de las comunidades rurales. b) Inexistencia de un nuevo paradigma de lo rural en cuanto a los modos de vida Se explica principalmente cual es la problemática que el do - cumento pretende abordar, pero no se especifica, en modo alguno cómo se respetará ni cómo se protegerán potencia- rán los modos de vida de las comunidades rurales. Preocupa que en el documento no se explicite cómo la diversidad de modos de vida rural será resguardada, particularmente, si las estrategias se focalizan en la movilidad urbano-rural. c) Modelo de gobernanza no empodera a las comu- nidades En cuanto a la descentralización de las zonas rurales, la polí- tica no entrega garantías respecto a cómo las comunidades participarán de los procesos de decisión, y cómo se distribui- rán los recursos y externalidades derivadas de los procesos productivos. La PNDR mantiene la lógica presidencialista/ sectorialista, en tanto, siempre debe ser propuesta al/la Pre- sidente de la República; sus decisiones están concentradas en 12 ministros del Estado, y a pesar de concebir el accionar público integrado a diferentes niveles, no da garantías de ello. De igual manera, no hay instrumentos que aseguren la coor- dinación efectiva con la política de Borde Costero a cargo del Ministerio de Defensa, la política de indígena, responsa- bilidad del Ministerio de Desarrollo Social, con la política de inversiones públicas, promovidas por el Ministerio de Obras Públicas, tomador de decisiones por su importancia en el tema presupuestario, y la injerencia del Ministerio del Me- 7 UNIVERSIDAD DE CHILE Vicerrectoríade Inves tigaciónyDesarrollo INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN CREACIÓNARTÍSTICA POLICY BRIEF