Policy Brief: La Política Nacional Rural 2020: aportes para el proceso constituyente

4 (precariedad, flexibilidad, feminización, proletarización), en las relaciones sociales (tanto internas como urbano-rurales), en la movilidad entre espacios rurales o desde espacios rura- les a otros urbanos, así como la escasa participación política de las comunidades rurales en los procesos de toma de de- cisiones (Canales & Canales, 2013), incluyendo cuestionarse el rol de diversas comunidades étnicas (aymaras, mapuches, diaguitas, entre otra) que habitan el territorio nacional. La “nueva ruralidad” cuestiona la definición tradicional de “ruralidad”, también en su comparación material y funcional con lo urbano. Por tanto, la ruralidad ya no es algo atrasa- do o anticuado que hay que modernizar-urbanizar; se ha convertido en el centro geográfico e ideológico de inserción global para las economías basadas en recursos naturales dentro de los circuitos globales de acumulación (Barton et al., 2008; Barton y Murray, 2009; Bebbington, 2001; Murray, 2006; Overton et al., 2012). Lo paradojal que es en ese su- puesto paradigma no se cobija a quienes reterritorializan y se apropian constantemente del territorio: sus comunidades. En igual sentido, años antes RIMISP (2004), propuso el con- cepto de Desarrollo Territorial Rural, entendido como “ un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” “La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las opor- tunidades para que la población pobre participe del proceso y sus beneficios ” (Schejtman, A., & Berdegué, J. 2004:4). El propósito del desarrollo para RIMISP, es acabar con la pobre- za rural, sin embargo, amplía el espectro de acción enten- diendo que, si bien es un esfuerzo económico, no acaba en ello, y debe considerar también comprender e intervenir en la dinámica urbano-rural, avanzar y profundizar procesos de descentralización y participación política en territorios rura- les, así como desacoplar la identidad rural de lo agropecua- rio. En definitiva, distribuir el poder y generar mecanismos inclusivos para las propias comunidades. No obstante lo anterior, tuvo que transcurrir más de una década y un impulso externo - el informe de la Organiza - ción de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE, 2016)- para que el gobierno entendiera que existía una ne - cesidad de política pública respecto del Desarrollo Rural. El informe, diagnosticó que, si bien la estrategia agroexporta - dora había contribuido a mejorar los indicadores nacionales de desarrollo, éste se manifiesta territorialmente de manera desigual: las actividades que más aportan al PIB se desarro- llan en territorios rurales que no perciben los beneficios de dichas actividades, por el contrario, dependen económica y políticamente de los centros político-administrativos. La fal- ta de coherencia y coordinación entre organismos públicos, profundiza aún más esta desigualdad territorial. Bajo una de- finición más amplia de ruralidad (sugerida por el organismo internacional), cerca del 30% de la población nacional habi- taría territorios rurales, por lo que la falta de una política de desarrollo rural con mirada territorial e intersectorial atenta- ba contra la posibilidad de mejorar la calidad de vida de una parte importante de la población.