Policy Brief: La Política Nacional Rural 2020: aportes para el proceso constituyente

forma de derechos o garantías) sino también, responsabili- dades del Estado y los particulares para la reparación y res- tauración, asegurando así, la viabilidad de los modos de vida rurales a las presentes y futuras generaciones. En segundo lugar, romper con el binomio urbano-rural (Dialéctica Territorial) implica plantear políticas que relacio- nen dichos espacios; que asuman la alta movilidad de las comunidades, pero que también, den garantías constitucio- nales de cómo protegemos modos de vida que son diversos y complejos. No basta con decir que se romperá el bino- mio urbano-rural. También se requiere un comité presidido por agentes institucionales y comunitarios que representen la diversidad de territorios y escalas que existen en Chile. Cualquier institución que represente lo urbano seguirá deve- lando el fuerte centralismo y urbanismo en la comprensión de políticas rurales. Una propuesta que desee romper con relaciones binarias debe plantear políticas con acciones, recursos, actores y dis- tribuciones equitativas de poder. Debe incorporar la dimen- sión demográfica y de movilidad a objeto de identificar el rango etáreo de sus comunidades; sus razones de movilidad. Necesitamos encuestas de movilidad en espacios rurales. El Censo debe demostrar además, cuántas familias de espacios rurales se mueven o son desplazados y por qué. Lo dicotómico también, exige que la constitución repiense una nueva escala territorial. No es lo mismo una zona rural de valle donde habitan comunidades mapuches, respecto a una zona rural cordillerana donde habitan aymaras. Las de- mandas son diversas, por ende, se requieren cambios nor- mativos, recursos, reglas y regulaciones que miren la relación urbano – rural, que le den autonomía a los territorios rurales para hacerse cargo de sus particularidades en conexión con el proyecto nacional. Las transformaciones de dinámicas en- tre espacios rurales y urbanos son procesos de renegocia- ciones y luchas continuas entre diversas comunidades y to- pografías territoriales. Lo anterior, va más allá de decisiones políticas y técnicas, que si bien son necesarias requieren una participación y representación equitativa. En tercer lugar, se debe abogar por una nueva gobernanza que garantice, por un parte, la toma de decisiones a nivel local en articulación con el nivel central, a fin de que los re - presentantes centrales de distintos ministerios consideren las particularidades del territorio. Este modelo de gobernanza deberá asegurar que los habitantes de los territorios puedan acceder a la información sobre las distintas dimensiones que les permitan tomar las mejores decisiones para determinar el desarrollo que ellos desean construir y no tengan que estar sometidos a decisiones impuestas por otros. Por otro lado, será indispensable que la distribución del poder político ten- ga un correlato real de recursos financieros necesarios que aseguren el cumplimiento de las decisiones que ellos tomen. Una de las grandes falencias detectadas es la falta de capaci- dad a nivel local para llevar a cabo las transformaciones que impliquen robustecer los modos de vida propios de lo rural, por falta de financiamiento propio de decisión autónoma. La lógica del Banco integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social obliga a comunidades rurales a justificar en lógicas de rentabilidad económica inversiones que local- mente tienen un sentido enorme, pero al competir con otros proyectos en el nivel central se pierden. El mensaje para los territorios rurales de este sistema ha sido que sus preocupa- ciones son marginales para el Estado. En conclusión, el nuevo texto constitucional debe preocu - parse de albergar reglas que permitan no solo la superviven- cia de lo rural sino su florecimiento, en términos distintos a los propuestos en la actual PNDR, garantizando una efectiva distribución del poder político a los territorios con un mo- delo de gobernanza en el que participen todos los actores relevantes de manera incidente, y garantizando que lo local cuente con los recursos necesarios que provengan de una mejor distribución de los beneficios que allí se generan, per - mitiendo de esa forma, que sean ellos los protagonista de su desarrollo y de la manera en la que éste se lleva a cabo. 10 UNIVERSIDAD DE CHILE Vicerrectoríade Inves tigaciónyDesarrollo INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN CREACIÓNARTÍSTICA POLICY BRIEF